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Demanda de las hijas de Rubby Pérez a propietarios Jet Set es 435 millones de pesos
Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del merenguero Rubby Pérez, revelaron este miércoles que, en la querella con constitución en parte civil que interpusieron contra los propietarios de la discoteca Jet Set, por el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, han solicitado una indemnización de RD$435,000,000.00. En el hecho falleció su padre junto a otras personas.

«Esta acción legal va más allá de un simple reclamo judicial; representa una apuesta ética: transformar el duelo en una responsabilidad social. Por ello, la familia ha solicitado una indemnización de RD$435,000,000.00, que no se concibe como una compensación económica, sino como un instrumento para facilitar la transformación social», comunicaron las jóvenes.
Manifestaró que los recursos reclamados se destinarán a la creación de un fondo de impacto dirigido a la juventud dominicana, sustentado en tres pilares fundamentales:
- Fomento y promoción de la industria creativa como herramienta de expresión, cohesión social y desarrollo comunitario.
- Formación en valores y ciudadanía en escuelas y espacios comunitarios.
- Prevención de riesgos y fortalecimiento de entornos seguros para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
“Queremos que este fondo sea una semilla de futuro y conciencia. Que donde hubo silencio institucional, surja una red de oportunidades para nuestros jóvenes”, expresaron Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso.
Agregaron que el fondo será implementado en colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, y que nace del convencimiento de que ninguna tragedia debe quedar simplemente en un expediente cerrado.
«La memoria de Rubby Pérez y de cada una de las víctimas exige una respuesta estructural que mire hacia adelante y proteja lo más valioso que tiene un país: su juventud», pronunciaron.
Además, informaron que, como parte del proceso penal en curso, la querella contempla la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados, atendiendo a la gravedad de los hechos, la necesidad de garantizar la integridad del proceso judicial y la obligación moral de que los responsables no queden impunes.