La región Sur de República Dominicana concentra en nueve de sus diez provincias el 41.3% de los permisos de explotación de minería otorgados por las autoridades, siendo San Cristóbal, con un total de 18, la demarcación con mayor número de concesiones.
De las 18 licencias para extracción de minerales en San Cristóbal, el 83.3% corresponden a roca caliza (15), 11.1% a arena (2) y una a caliche, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Hasta el pasado 31 de octubre, el Estado dominicano otorgó, a través del MEM, 125 permisos para explotación de yacimientos. Un total de 55 estaban asignados a provincias sureñas y de esa cifra, el 32.7% a San Cristóbal.
De los 55 permisos que hay en el Sur, el 52.7% es para explotar roca caliza (base del cemento), 16.3% para yeso y el 7.2% para arcilla. En la región se extraen otros materiales, como larimar, mármol y sal, pero en un porcentaje menor.
El Sur también cuenta con la tercera provincia del país con más permisos de extracción de minerales. En Barahona, con 13 concesiones, equivalente al 23.6% del total regional, las licencias para explotar yacimientos de yeso representan el 30.7%. Le siguen la roca caliza con 23%. Allí existen también una mina de larimar y otra de mármol, dos permisos para extracción de sal y dos de materiales diversos.
Tanto en San Juan y Bahoruco, el travertino y el yeso son los minerales con más licencias para aprovechar. Mientras que en Peravia, de los cuatro permisos de extracción que concentra, el 75% corresponde a arcilla. En Pedernales, Elías Piña, Independencia y Azua priman las explotaciones de roca caliza.
El Ministerio registra 125 concesiones de explotación que incluyen 123 no metálicas (mármol, arcilla, rocas, larimar, sal o yeso) y dos metálicas (oro, plata, cobre y ferroníquel). A ese número se suman otras ocho de empresas y personas que cuentan con permisos para extraer en varias provincias.
El presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana (Camipe), José Sena, considera poco excesiva la cantidad de permisos mineros. Sostiene que el país debe estudiar, de forma profunda, los datos científicos, que permitan, por un ordenamiento territorial, conciliar las áreas, “desde el recurso agua hasta el turismo, desde la agricultura hasta la foresta”.
“Nuestros recursos están puestos para que lo utilicemos y que se desarrolle el país en base a sus materias primas”, dice.
Ley de Ordenamiento
El 12 de julio de 2016 los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que entre otras cosas, establece los lineamientos de organización sostenible del país, los cuales consideran su capacidad de carga y productividad, y los criterios para asignar el uso de un suelo minero.
Omar Rancier, encargado de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, explica que la legislación, pendiente de ratificación en el Senado, busca establecer las actividades apropiadas para cada territorio, de acuerdo a su potencialidades.
“En el caso del tema minero, se establece que sea sostenible y que no lastime ni social ni ambientalmente; pero sobre todo, que se plantee un sistema de extracción que, al mismo tiempo, permita aprovechar las riquezas económicas y sea un vector de desarrollo de las regiones”, detalla Rancier.
Para el presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel Regueiro, invitado por la Camipe, la cantidad de concesiones para explotación de yacimientos otorgadas por el país no es problema, siempre que se “respete el medio ambiente”.
Regueiro recomienda que en la Ley de Planificación de Territorio se incluya un tipo de suelo minero. “Lo más importante son los recursos mineros en la planificación del territorio. La mayoría de la planificación de territorio en el mundo se hace más bien para decidir dónde se construye y dónde no”.
Irregularidad
En noviembre de 2015, la empresa Cementos Santo Domingo, propiedad de la familia del entonces aspirante presidencial Luis Abinader, se vio envuelta en un escándalo cuando el Ministerio de Energía y Minas le negó una solicitud de explotación de roca caliza en Azua. La dependencia alegó que el 92.78% de los 59.80 kilómetros cuadrados del área pedida para la concesión denominada Hatillo se encuentra dentro de los límites del parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y la reserva forestal Hatillo.
Energía y Minas explicó en un documento que la empresa nunca tuvo una concesión de extracción de roca caliza y así se evidencia en la lista de permisos de explotación otorgados.
Con el objetivo de tener mayor control sobre la actividad minera, el Ministerio de Energía y Minas asegura que elaboró ocho iniciativas. Las acciones incluyen un proyecto de revisión de los permisos de exploración que busca declarar caducas y nulas las concesiones que no estén operativas, incumplan las disposiciones legales o no estén acordes al interés nacional.
“El Estado debe promover la minería responsable y ser nuestro aliado, y (el Ministerio de) Medio Ambiente lo que tiene es que exigirnos que cumplamos las leyes para minimizar el impacto que generamos y definir qué es permisible y qué no y aplicar las multas”, sostiene el presidente de la Camipe.
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