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Senador Félix Bautista sometió proyecto para convertir zona explotación minera en Reserva Natural

SANTO DOMINGO. El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley que declara las zonas de potencial minero de la provincia San Juan como Reserva Natural Romero.
La información fue dada a conocer por el legislador este domingo, durante una marcha contra la explotación minera organizada por las iglesias evangélicas y organizaciones sociales de la provincia San Juan, en la que participó.
“Esta iniciativa de ley que he sometido ante el Congreso, debe tener el apoyo del pueblo y convertirse en una Iniciativa Legislativa Popular”, dijo Bautista, mediante una nota de prensa.
“Vamos a recolectar 145 mil firmas de los munícipes de San Juan, equivalente al dos por ciento del padrón de electores, amparados en el artículo 97 de la Constitución y en la Ley 275-13 que regula la Iniciativa Legislativa Popular, para que todos juntos evitemos el retroceso de la provincia San Juan”, puntualizó el legislador.
La “Reserva Natural Romero” estará conformada por las secciones La Ciénaga y Río Arriba del Norte y sus parajes: Palo de Viento, La Guana, El Manguito, Hondo Valle, Los Tomates, Piedra Blanca, La Higüera, Valencio, La Rosa, Guayabo, Hoyo Prieto, La Ciénaga Vieja y San Pedro, Boca del Arroyo, del distrito municipal de Sabaneta, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan, con un área de cinco mil hectáreas.
El objetivo es preservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad del paisaje y el ecosistema; mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima; así como la preservación de las potencialidades de los recursos y ambientes naturales capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente, mediante el desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental.
Dentro de las motivaciones del proyecto, se destaca que “el valle de San Juan produce el 15% de la producción de arroz; el 60% del consumo nacional de habichuelas; el 80% de la producción de semillas; el 47% del consumo anual de guandul; el 50% de la producción nacional de maíz; el 40% del consumo nacional de batata; que además produce maní, hortalizas, frutas, vegetales, víveres, ganado ovino, caprino y leche, en una extensión de 550 mil tareas de vocación agrícola”.
“La producción de San Juan representa más de 1,760 millones de pesos al año, versus 84 millones de pesos que la minera entregaría a San Juan cada año, durante 7 años, para un total de 588 millones. Esto es, San Juan produce en un año tres veces más que el total de recursos que recibiría en siete años. Si se explota la mina, se destruye la producción del Valle y San Juan sería tres veces más pobre de lo es hoy”, dijo el legislador.
En los considerando de la iniciativa se establece que los terrenos que conforman el proyecto minero Romero “están ubicados en el mismo centro de la producción de agua de la presa de Sabaneta, de la cual depende en su totalidad la producción agropecuaria de la provincia San Juan”; y “que la de producción de estas zonas serían arruinadas y destruidas si el Estado dominicano permite el desarrollo de la actividad minera”.
Durante su participación en la marcha celebrada este domingo, el legislador señaló: “La explotación de la mina Romero supone la destrucción de los recursos naturales de la zona y pondría en peligro la producción de agua fundamental para la producción agropecuaria y para el consumo humano de los pobladores de la provincia San Juan”, por lo que hizo un llamado a todos los sectores de la provincia a defender y proteger la mayor riqueza del Valle de San Juan: El agua.
Para su elaboración se analizaron los postulados de la Constitución de la República, la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00); la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (Ley 202-04) y 18 leyes más que contienen todo lo relativo a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, como la Ley 627-77, que declara de interés nacional la protección de las tierras de las cordilleras y la Ley 487-69, de control y explotación de las aguas subterráneas.

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