Por: Rosario Espinal
El tipo de primarias ha dominado en las últimas semanas la discusión sobre la Ley de Partidos. Aunque es un tema de gran interés para los dirigentes y activistas políticos, que se emplean a fondo para conseguir una nominación; para la ciudadanía, el tema del financiamiento es más importante que el de las primarias. A fin de cuentas, los votantes pueden o no votar por determinados candidatos en las elecciones generales, pero no tienen forma de protegerse de las influencias compradas con dinero de los donantes privados.
La Ley Electoral actual, que data de 1997, estableció el financiamiento público de partidos con la asignación explícita de un porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a este propósito; pero dejó sin regulación la contribución privada a los partidos y a los candidatos en campañas. Esto tiene varios efectos negativos para la ciudadanía y para la democracia.
Primero, no permite conocer quiénes y en cuánto el sector privado financia las campañas electorales. Al no contarse con esa información, la ciudadanía no tiene forma de saber el propósito de ese financiamiento, ni inferir los beneficios que derivan los donantes de sus aportes.
Segundo, se encarecen las campañas. Quienes tienen más recursos tienden a establecer el estándar de gastos, y quien no pueda generar suficientes recursos privados, enfrenta serios problemas para impulsar su campaña.
Tercero, se desvirtúa la intención del financiamiento público, que se basa en la idea de que con este tipo de financiamiento se nivela la competencia electoral para candidatos y votantes. El financiamiento privado sin regulación desnivela la competencia electoral, porque aquellos con mayores posibilidades de triunfar consiguen mucho más dinero.
El sistema de financiamiento desregulado que existe en la República Dominicana ha sido muy rentable a los partidos. La política se ha convertido en una actividad muy subsidiada. La subsidia el pueblo a través del Estado, y la subsidia el sector empresarial, tanto quienes se dedican a actividades económicas lícitas como ilícitas.
Una Ley Electoral o una Ley de Partidos que no contenga fuertes regulaciones al financiamiento servirá de poco a la democracia. Para que cambie la forma de hacer campañas electorales, estas leyes tendrían que establecer lo que muchos políticos detestan: saber quién financió y por cuánto. Es decir, cada partido y cada candidato que recauda dinero del público tendría que presentar una lista de sus donantes con nombre, cédula y monto.
Si eso no se establece, las demás disposiciones de las leyes tendrán un efecto limitado en mejorar el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos políticos.
Por ejemplo, entre los dirigentes y activistas de los partidos hay desesperación por ser candidatos a puestos electivos, porque serlo les permite convertirse en empresarios de su proyecto político, ya que acudirán a familiares, amigos y empresarios para captar recursos. Aún candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar se lanzan al ruedo electoral.
En las elecciones de 2016 compitieron cerca de 25,000 candidatos para ocupar unos 4,100 puestos electivos. La inmensa mayoría sabía que no podía ganar, pero se lanzaron de todas formas a recaudar dinero.
Si se establecen controles al financiamiento y la competencia se hace más igualitaria, habrá (paradójicamente) menos aspirantes a las candidaturas, las primarias serán menos conflictivas, el voto preferencial será menos costoso, y las mujeres podrán competir mejor con los hombres.
La razón por la que habrá menos candidatos es que los donantes se autocontrolarán en el financiamiento al no querer que sus nombres aparezcan públicamente en listas políticas. Eso no lo quieren los políticos, acostumbrados como están a que los financien.
