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Policía se niega a pagar 10 millones como indemnización por asesinato de pareja

A más de un año de haberse convertido en definitiva una sentencia que ordena el pago de RD$10 millones de indemnización a favor de los familiares de los pastores evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz, la Policía Nacional todavía no habría cumplido con esa disposición judicial, según denunció el abogado José Martínez Hoepelman

Santo Domingo

Las muertes por “error” develan las ejecuciones extrajudiciales

El jurista, quien representó a la familia en el proceso judicial por la muerte de los religiosos en Villa Altagracia, explicó que la decisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y que, pese a su carácter definitivo, los beneficiarios todavía no han recibido la indemnización.

Hoepelman cuestionó que las personas tengan que iniciar nuevos procedimientos para conseguir que las instituciones del Estado cumplan las decisiones de los tribunales, incluso cuando estas han adquirido carácter definitivo.

“Ahora voy a tener que iniciar otro proceso para que la Policía cumpla lo que el propio Poder Judicial decidió”, expresó durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, al referirse al tiempo transcurrido sin que se haya ejecutado el pago.

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El abogado también manifestó su indignación ante la falta de respuesta institucional y cuestionó que las autoridades no hayan asumido voluntariamente la responsabilidad de reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas.

“¿Usted no cree que hace rato la Policía debió haber dicho: “Mire, pastores, padres de los pastores, vengan, que definitivamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es definitiva y nosotros tenemos que reparar el daño que causamos a la sociedad”?”, planteó.

A su juicio, el problema va más allá de este caso, pues considera que existe una práctica de incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de instituciones públicas.

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“Cuando tenemos un país donde las propias autoridades se niegan o se muestran reticentes a cumplir las decisiones del Estado, imagínese usted por dónde vamos”, sostuvo.

Hoepelman insistió en que el Estado debe dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y reconocer sus errores cuando corresponda, en lugar de obligar a los ciudadanos a prolongar durante años los procedimientos para obtener una reparación que ya fue reconocida por los tribunales.

“Yo no aspiro a un Estado así. Aspiro a un Estado que cumpla la ley y que, cuando tenga que reconocer que ha fallado, lo reconozca”, indicó.

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