Falta de controles en sector del motorismo crea caos de todo tipo

“Lo ocurrido revela con claridad una realidad cada vez más evidente. En amplios sectores del país, grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial que desborda el marco de la simple informalidad del transporte y se aproxima peligrosamente a formas de actuación propias de estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado”, precisó el presidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.

A su juicio, la permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motocicletas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y, en muchos casos, vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades.

Señala que no se puede normalizar que el desorden y la violencia colectiva sustituyan el imperio de la ley, e indica que el transporte en motocicletas no puede seguir funcionando como un espacio de excepción permanente, inmune a controles, sanciones y responsabilidades.

Advierte que el país exige una respuesta firme, extraordinaria y sostenida. “Esta problemática no se puede seguir postergando. El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial en materia de tránsito, seguridad vial y control territorial, articulando a la Policía Nacional, la Procuraduría General, el INTRANT, la DIGESETT, los ayuntamientos y demás órganos competentes”.

El vicepresidente ejecutivo de la Finjus indica que es necesario implementar operativos permanentes de sanción de motocicletas y conductores, retiro inmediato de unidades irregulares, persecución penal de agresiones colectivas y desmantelamiento de estructuras organizadas de violencia.

Asimismo, agrega, debe evaluarse la adopción de medidas excepcionales, incluyendo intervenciones especiales de control territorial y restricciones operativas que permitan restablecer el orden público donde la autoridad estatal ha sido desplazada por el miedo y la informalidad.

Señala que no se trata de criminalizar a conductores que trabajan honestamente, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en una plataforma de desorden, violencia e impunidad y que la autoridad no puede seguir retrocediendo.

Indica que cuando el Estado cede espacio frente a la violencia organizada, la seguridad y confianza institucional se ven vulneradas. “Ha llegado el momento de poner límites claros y reafirmar que en una sociedad democrática nadie puede estar por encima de la ley”.