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Falta de controles en sector del motorismo crea caos de todo tipo
El ciudadano se desplaza en un motor por calles y carreteras sin control como quiere y eso lo convierte en un ciudadano anárquico y desorganizado
“Lo ocurrido revela con claridad una realidad cada vez más evidente. En amplios sectores del país, grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial que desborda el marco de la simple informalidad del transporte y se aproxima peligrosamente a formas de actuación propias de estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado”, precisó el presidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.
A su juicio, la permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motocicletas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y, en muchos casos, vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades.
Señala que no se puede normalizar que el desorden y la violencia colectiva sustituyan el imperio de la ley, e indica que el transporte en motocicletas no puede seguir funcionando como un espacio de excepción permanente, inmune a controles, sanciones y responsabilidades.
Advierte que el país exige una respuesta firme, extraordinaria y sostenida. “Esta problemática no se puede seguir postergando. El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial en materia de tránsito, seguridad vial y control territorial, articulando a la Policía Nacional, la Procuraduría General, el INTRANT, la DIGESETT, los ayuntamientos y demás órganos competentes”.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus indica que es necesario implementar operativos permanentes de sanción de motocicletas y conductores, retiro inmediato de unidades irregulares, persecución penal de agresiones colectivas y desmantelamiento de estructuras organizadas de violencia.
Asimismo, agrega, debe evaluarse la adopción de medidas excepcionales, incluyendo intervenciones especiales de control territorial y restricciones operativas que permitan restablecer el orden público donde la autoridad estatal ha sido desplazada por el miedo y la informalidad.
Señala que no se trata de criminalizar a conductores que trabajan honestamente, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en una plataforma de desorden, violencia e impunidad y que la autoridad no puede seguir retrocediendo.
Indica que cuando el Estado cede espacio frente a la violencia organizada, la seguridad y confianza institucional se ven vulneradas. “Ha llegado el momento de poner límites claros y reafirmar que en una sociedad democrática nadie puede estar por encima de la ley”.
