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Faride: mientras no haya una ley, restricción horario venta de alcohol seguirá
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó este miércoles que su cartera respeta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el decreto que regula los horarios de venta de bebidas alcohólicas, aunque aclaró que la norma seguirá aplicándose mientras el Congreso Nacional no apruebe una nueva ley
El fallo que abrió la discusión
El TC determinó que el Decreto 308-06 es inconstitucional, al entender que una restricción de este tipo debe estar contenida en una ley aprobada por el Congreso y no sostenerse indefinidamente mediante un decreto del Poder Ejecutivo. El tribunal otorgó un plazo de dos años para que los legisladores llenen ese vacío.
Interior asume el fallo con cautela
A través de su cuenta de X, Raful explicó que el decreto de 2006 continuará vigente durante ese período de transición, mientras el Congreso trabaja en una normativa que podría entrar en vigor incluso antes de cumplirse los dos años establecidos por el tribunal. La funcionaria fue clara en que su ministerio acata la decisión y acompañará el proceso legislativo.
Según indicó, el objetivo es construir junto al Congreso y la sociedad civil una ley moderna y efectiva que responda a las necesidades actuales del país en esta materia.
Alcance de la sentencia
La decisión del TC fija un plazo de dos años, contados desde la fecha del fallo, para que se legisle sobre la prohibición de vender alcohol en horario nocturno en colmados, discotecas, bares, casinos y otros centros de diversión. Mientras tanto, esas restricciones seguirán aplicándose sin cambios.
Reacciones al pronunciamiento
El abogado Víctor Mateo Vásquez, quien había sometido la acción de inconstitucionalidad contra el decreto, celebró la postura de la ministra en redes sociales. El togado pidió que la futura ley se elabore con calma pero también con garantías, delimitando claramente las atribuciones del Estado en esta materia.
Compromiso con la seguridad ciudadana
Raful reiteró que su prioridad es proteger la vida, la seguridad y la sana convivencia de la ciudadanía, y que el ministerio seguirá de cerca el proceso de elaboración de la nueva legislación mientras se mantiene el marco regulatorio actual.
