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Diputados del PRM aprueban si leer una ley sobe pago a contratistas

Con el rechazo de la oposición y sin lectura previa, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) declararon de urgencia, aprobaron en primera lectura y remitieron a estudio de una comisión especial, “con plazo fijo hasta mañana miércoles”, el proyecto de ley que autoriza el pago a contratista del Estado y crea una comisión para las reclamaciones de obras ejecutadas sin contrato formal

Santo Domingo.- Con el rechazo de la oposición y sin lectura previa, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) declararon de urgencia, aprobaron en primera lectura y remitieron a estudio de una comisión especial, “con plazo fijo hasta mañana miércoles”, el proyecto de ley que autoriza el pago a contratista del Estado y crea una comisión para las reclamaciones de obras ejecutadas sin contrato formal.

El pliego de ley fue sometido ayer mismo en la Cámara Baja por Alfredo Pacheco, presidente del órgano congresual; junto al diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, único aliado del PRM que votó a favor de la pieza.

En la sesión de este martes, el oficialismo se impuso y liberó de lectura el proyecto, de debate y de estudio previo de comisión -a petición de Pacheco-, procediendo a aprobar la iniciativa en primera instancia, a pesar del rechazo de los legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicana (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), quienes pedían que la normativa primero sea enviada a estudio de la comisión especial.

La comisión para las reclamaciones de obras ejecutadas sin contrato formal que creará la nueva legislación verificará las obras realizadas, validará los montos reclamados, depurará los casos irregulares y autorizará cuáles pagos proceden.

La pieza viene a solucionar “el problema” que dejó la legislación devuelta por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 16 de enero, que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros, sometida a la Cámara Alta por el senador Franklin Romero (PRM-Duarte).

Dicha ley fue observada por completo -sus 14 artículos-, porque, según precisó el mandatario en su comunicado al Congreso, viola principios esenciales de la Constitución y ordena pago “sin garantizar provisión de fondos”, y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.

De acuerdo al presidente de la Cámara Baja, el marco de ley de ahora fue elaborado en acuerdo con el Poder del Poder, quien aportó sugerencias. Se incluye, además, las obras consignadas en la ley observada y otras más sugeridas por el Ministerio de Educación.

La iniciativa tiene la finalidad de autorizar, de manera excepcional y “por única vez”, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujetas a reformulación presupuestaria. Esto con el propósito de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.

Dicho de manera más simple, con el pliego de ley se busca pagar obras ejecutadas sin contrato, pagar ampliaciones no formalizadas y reconocer trabajos adicionales.

Comisión de diputados

La comisión especial de diputados es la misma a cargo de la ley que observó el Ejecutivo en enero pasado, presidida por la vicepresidenta de la Cámara Baja, Dharuelly D´Aza; e integrada por los colegas Oscar Morel, vicepresidente; Mayobanex Martínez, Miguel Espinal, Yudelka de la Rosa, Rafael Castillo, Luis Gómez Benzo, Julio César López, Willy Sánchez, Daritza Zapata, Mateo Evangelista Espaillat, Fiordaliza Estevez, Carlos Morillo, Ramón Antonio Bueno y Dilenia Santos.

Cientos de obras adeudadas

El marco legislativo contempla un listado de cientos de obras y aclara, en ese sentido, que los montos finales a pagar serán aquellos que tengan como resultado de las verificaciones y validaciones que se realicen por la comisión de validación y verificación, que y certifique el Ministerio de Hacienda y Economía, cuyos volúmenes y cantidades deberán calcularse a los precios vigentes en las fechas de las ejecuciones de los trabajos que se traten.

Los fondos de esta ley provendrán de la partida asignada al Ministerio de Hacienda y Economía en la ley de presupuesto general del Estado.

Cuatro entidades integran la comisión; Hacienda la preside

La comisión de verificación y validación de obras sin contrato formal estará integrada por el ministro de Hacienda y Economía, quien la presidirá; el Contralor General de la República, el titular de la Dirección General de Presupuesto y el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Las decisiones de la comitiva se adoptarán por mayoría absoluta de votos. En caso de empate, el presidente de la misma tendrá voto decisorio. Los miembros de la comisión podrán delegar su representación en un funcionario de jerarquía inmediatamente inferior.

Se podrán utilizar medios digitales durante cualquier fase del procedimiento de evaluación de expedientes para optimizar y agilizar el proceso, facilitando de esta manera la obtención del objetivo de esta comisión.

La comitiva será un órgano de carácter temporal, con dependencia funcional del Ministerio de Hacienda y Economía. Su propósito será levantar, evaluar, verificar, validar los expedientes relacionados con reclamaciones derivadas de obras públicas ejecutadas sin contrato formal o sujetas a reformulación presupuestaria y pagos, a fin de determinar su procedencia y razonabilidad, consistencia y soporte documental de estas, en su caso, recomendar su eventual reconocimiento conforme al ordenamiento jurídico vigente y, en especial, a los términos establecidos en esta ley.

Informe trimestral al Congreso; Codia y Anpras serán veedores

El Ministerio de Hacienda y Economía remitirá al Congreso Nacional, cada tres meses, un informe que contenga los pagos realizados, según disponga la normativa.

De acuerdo al artículo 12 del proyecto de legislativo, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (Anpras) serán veedores para el cumplimiento de esta ley, vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de pagos que correspondan.

El Codia y la Anpras podrán recibir informes, realizar observaciones y recabar indicios de incumplimientos de dicha ley así como presentar informes al Ministerio de Hacienda y Economía.

En caso de fallecidos, heredarán sus sucesores legítimos

A los contratistas que se les bebe y que hayan fallecido, se les realizará igual trámite, pero los valores que resulten de las verificaciones serán pagados “a sus sucesores legítimos”, según disponen las leyes y normativas vigentes del país.

La comisión verificará todo lo relacionado con las obras, como dónde están ubicadas; quién las hizo; cuánto se construyó; cuánto dinero se estima que se invirtió; cuáles eran los precios en el momento en que se hicieron; qué tipo de soluciones o técnicas se aplicaron; así como otros aspectos que se consideren relevantes.

Instituciones que se beneficiaron de obras

Las deudas contraídas por el Estado que se buscan saldar fueron a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp).

También por medio la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y a las obligaciones del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) y del Inavi, que han sido asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), y cualquier otro ente público, según el listado de esta legislación.

El proyecto de ley deberá ser aprobado por ambas cámaras congresuales y ser promulgado por el Poder Ejecutivo, para poder ser efectivo.

El Caribe

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