Asegura detrás de las aulas móviles hay un macuteo

Más de medio millón de niños dominicanos podría quedarse fuera de la escuela pública este año escolar, según denunció el profesor Juan Valdés, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. El señalamiento surge a raíz de la decisión del Ministerio de Educación de destinar 831 millones de pesos a la construcción de 302 aulas móviles, un proyecto que, según Valdés, es “un parche improvisado” y una compra “irregular” al margen de la ley.

Irregularidades en la licitación

El proceso de licitación fue iniciado el 29 de julio, mientras que la declaración de urgencia se publicó un día después. Sin embargo, la construcción ya había comenzado antes de que se firmara el contrato, previsto para el 15 de septiembre.
Para Valdés, esto representa una clara violación al artículo 6 de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que solo contempla compras de urgencia en casos imprevisibles, como desastres naturales, y no por fallas de planificación.

“Aquí pusieron el caballo delante de la carreta. Estas aulas no estaban programadas en el plan operativo anual ni en el plan anual de compras. No es una urgencia, es improvisación”, afirmó.

Aulas “móviles” que no son móviles

El dirigente educativo cuestionó que estas aulas sean llamadas móviles, ya que requieren una base de concreto y un ensamblaje fijo de paredes y techo. Además, tienen problemas de ventilación, sin posibilidad de instalar abanicos de techo ni aire acondicionado, y se equiparán solo con ventiladores de pared.

Los estudios del colectivo señalan que este tipo de aulas no son adecuadas para el clima dominicano ni para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje. Aunque su capacidad máxima debería ser de 20 estudiantes, en la práctica se pretende albergar hasta 40 por espacio.

Falta de ejecución presupuestaria

Valdés denunció que la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación tiene asignados más de 11,200 millones de pesos, pero no ha ejecutado ni el 6% de ese presupuesto.
Asimismo, cuestionó que se pida a los directores de escuelas públicas utilizar fondos de descentralización para reparaciones, a pesar de existir más de 5,000 millones destinados a mantenimiento escolar.

Críticas a la gestión y llamado a cambios

El profesor acusó al gabinete del Ministerio de Educación de incompetencia y de manejar el 4% del PIB destinado a educación como “un botín político”. Señaló que se gastan millones en propaganda, mientras las escuelas carecen de computadoras, laboratorios y agua potable, y miles de niños no tienen acceso a la educación.

También criticó que el actual ministro, Luis Miguel De Camps, no sea especialista en educación y que mantenga en su equipo a funcionarios del gabinete anterior, a quienes responsabiliza del deterioro del sistema.

“Aquí no podemos meter a los niños a donde sea y como sea. Eso no es educación. La Constitución garantiza el derecho a aprender en condiciones dignas, y eso no se está cumpliendo”, expresó.

Un llamado a la acción

El Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa convocó a la población, sindicatos docentes y organizaciones civiles a exigir una gestión eficiente, transparente y efectiva del presupuesto educativo. Valdés insistió en que el problema no es la falta de dinero, sino la mala administración y la ausencia de voluntad para ejecutar políticas que fortalezcan la infraestructura escolar.

“Estos 831 millones para aulas móviles no son una solución, son un parche costoso y mal hecho. La educación pública no necesita más improvisaciones, sino planificación y compromiso real”, concluyó.