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Funcionarios bloquean acceso a la libre información
Junio avanzaba ya sus primeros 20 días del año 2023 cuando Diario Libre solicitó a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), informaciones sobre uno de los servicios que ofrece que serían utilizadas en una nota periodística.
La respuesta llegó el 12 de febrero de 2024, seis meses y 23 días después, pese a que la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública establece un plazo no mayor de 21 días (15 días hábiles) para que las instituciones respondan estos requerimientos.
En el ínterin no hubo llamadas ni escritos para pedir prórrogas, como también establece la ley, así que el medio debió publicar con informaciones a medias, la nota que preparaba.
No es un caso aislado. En numerosas ocasiones, instituciones públicas responden tardíamente o ignoran las solicitudes que se les hace, en franca violación a la Ley de Libre Acceso, y convirtiendo a la propia legislación y a la plataforma SAIP en mecanismos de distracción del usuario.
Informaciones que pudieran facilitarse por los departamentos de Prensa o Comunicaciones son declinados a las oficinas de libre acceso donde los solicitantes pueden ser ignorados por meses o por años.
Varios periodistas consultados tienen más de una experiencia que contar.
«Aunque en algunos casos la ley ayuda nuestro trabajo, pues hay muchas instituciones y encargados de Información que colaboran bastante bien, hay otros que “la ponen en China” y te hacen la vida imposible», comenta la periodista de investigación Yanina Estévez.
Menciona que las posposiciones de la entrega y que los funcionarios hacen esperar indefinidamente, imposibilitan al periodista, que tiene fecha para cerrar sus historias, continuar pendiente de la respuesta. «Es como si lo hicieran deliberadamente», comenta Estévez.
