Opinión

La banalidad de la judicatura/ Eduardo Jorge Prats

Se puede afirmar que desde hace décadas el sistema penal dominicano es incapaz de controlar las pulsiones autoritarias del poder punitivo estatal

Por Eduardo Jorge Prats

A Hannah Arendt debemos el concepto de “banalidad del mal” que describe cómo un sistema de poder político trivializa el exterminio de seres humanos gracias a un procedimiento burocrático llevado a cabo por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos.

Estos funcionarios son seres humanos normales, ordinarios y comunes que, a pesar de dedicarse cotidianamente al mal radical, afirman cumplir estricta y escrupulosamente con sus deberes como ciudadanos y funcionarios y hasta como fervorosos cristianos.

En otras palabras, “no se necesita una persona mala para servir en un mal sistema”, pues “la gente común se integra fácilmente en sistemas malévolos” como se revela en los testimonios de “Aquellos hombres grises”, de Christopher R. Browning, y “Los verdugos voluntarios de Hitler”, de Daniel Goldhagen.

Si aplicamos la teoría de Claus Roxin sobre la responsabilidad penal en los casos de “aparatos organizados de poder”, sería responsable el funcionario que tiene control, al menos parcial, por medio de una “estructura organizada de poder”, que no es más que un “sistema de injusticia formalmente constituido”, sobre el “dominio del hecho”. Si, por el contrario, es un simple “engranaje de la maquinaria” del mal, es, en consecuencia, responsable por haber obedecido órdenes manifiestamente criminales. Se trata de un “crimen burocrático” en donde la indebida y ciega obediencia es el crimen.

Se puede afirmar que desde hace décadas el sistema penal dominicano es incapaz de controlar las pulsiones autoritarias del poder punitivo estatal, pues el populismo penal ha venido erosionado paulatina pero progresivamente las garantías constitucionales y legales, lo que es ostensible, por solo citar un ejemplo, en el hecho de que, a pesar de que normativamente las medidas de coerción deben ser excepcionales y proporcionadas, siendo la libertad la regla y la libertad la excepción, se han venido imponiendo automática y ciegamente, al margen de la existencia de uno de sus presupuestos (peligro de fuga del imputado, evitar destrucción de la prueba y protección de la víctima), conduciéndonos al “estado de cosas inconstitucional” de la crónica de una coerción anunciada en que vivimos.

¿Cuál es la responsabilidad del juez en un sistema como ese? Si partimos de la independencia formal del juez, se diría que este tiene el control del proceso.

Si, por el contrario, el juez es, en verdad, una simple pieza del “pecado penal estructural”, al depender efectivamente de otros actores del sistema y fuera del mismo, entonces el juez, al ignorar adrede las normas, estaría obedeciendo ciegamente órdenes injustas y sería responsable de un crimen burocrático.

Paradójicamente, el juez que quisiera aplicar correctamente las normas en un sistema donde cotidianamente siempre se violan, sería rápidamente tachado de propiciar privilegios a favor de ciertos imputados. Por eso el juez, animal político conservador, pendejo y oportunista por naturaleza, prefiere, como fantoche incapaz de resistir la presión de la alianza diabólica acusador-periodistas-redes sociales, guionistas, directores y productores ejecutivos del juicio penal y el sufrimiento que este acarrea como espectáculo de consumo masivo, violar las normas, garantizando, gracias al perverso coctel molotov de lawfare, derecho penal del enemigo y populismo penal, una penosa parodia de justicia vía la “igualdad ante el atropello”, para que así, a todos, sean pobres o ricos, poderosos o débiles, se le violen impunemente sus derechos.

La filósofa alemana Hanna Arendt es autora del concepto “banalidad del mal”

“No se necesita una persona mala para servir en un mal sistema”

“La gente común se integra fácilmente en sistemas malévolos”

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El autor es abogado

constitucionalista

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