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Miriam Germán ordena investigar diputada por narcotráfico

La Procuradora General de la República emitió el auto 000051 para que la esposa de Miky López, de La Vega, se investigue por narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo, RD.-La procuradora general de la República, Miriam Ger­mán Brito, instruyó investi­gar a la diputada Rosa Ama­lia Pilarte López, por delitos de narcotráfico y lavado de activos, en virtud del privi­legio de jurisdicción que le corresponde.

La magistrada, median­te auto 000051 designó al procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espi­nosa, especializado en in­vestigación de narcotrá­fico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales para que realice la investigación.

La acusación
Pilarte López figura como imputada en el expedien­te contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hi­jos, Ada María Pilarte y Jo­sé Antonio Román, contra quienes el Ministerio Públi­co presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.

La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Se­lecto, Agropecuaria Gloria Ivette, e Inmobiliaria Glo­ria Ivette. De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacio­nal miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del nar­cotráfico.

Por participar en la red permanece prófugo el ex­traditado Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

Los fiscales sostienen que la organización cri­minal movió entre 2007 y 2019 más de RD$2,000 mi­llones, información corro­borada por los movimientos económicos en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas. El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111,722 pastillas de éxtasis.

Las pruebas
A López Florencio se le im­puta la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Ac­tivos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa ma­teria, la 72-02. El grupo in­fringió, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tri­butario, y 183-02, Moneta­ria y Financiera.

La acusación contiene 387 pruebas documenta­les, 257 materiales, 53 testi­moniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar la culpabilidad de los implicados en el caso.

En el proceso de investi­gación se realizaron ocho incautaciones a 17 propie­dades de lujo, valoradas en miles de millones de pe­sos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.

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