Opinión

El Estado Dominicano/ Dantes Ortiz Núñez

La constitución política de una nación siempre debe ser de consenso y un pacto entre gobernantes y gobernados; pero, no ha sido así en República Dominicana

Por: Dantes Ortiz Núñez

El Estado dominicano no surgió en un solo acto, ha tenido distintos momentos constitutivos, sus precursores han sido políticos representantes de las minorías socio-económicas que, en todo caso, han privilegiado sus intereses grupales y personales.

La visión del pueblo-nación y del Estado han quedado expresados en las características jurídicas, administrativas y disfuncionalidades que configuran el Estado, donde prima la exclusión del pueblo y sus aspiraciones, y es la razón por la cual el Estado no ha podido superar la condición de oligárquico.

A lo largo de sus distintos momentos constitutivos se ha reforzado la condición de Estado premoderno, bloqueándose el surgimiento de una entidad supranacional al servicio de toda la sociedad, y reproduciendo su condición de ente al servicio exclusivo de los grupos económicos y de la alta burocracia civil y militar, quedando la nación al margen.

Tal condición se expresa en la reproducción del poder-propiedad, vale decir, que a mayor cuantía económico-patrimonial, mayor grado de poder político personal y familiar en el Estado, lo que genera una constante crisis de representatividad y de legitimidad.

Esa relación económico-política de los grupos dirigentes ha sido la causa eficiente del bloqueo que ha impedido que el Estado beneficie socialmente a toda la sociedad y que pueda crear las condiciones para las inversiones y reproducción del capital y se limite a responder a los requerimientos básicos de la plutocracia.

La Constitución de noviembre de 1844, que prohibía que alguien que hubiese perdido un miembro corporal pudiese ser electo para un cargo público y establecía que para ser elegible había que tener propiedades y ser hombre, lo que excluía a la gran mayoría de pobres y a las mujeres, limitando así el derecho ciudadano a varones ricos.

Muy poco se ha avanzado desde entonces. La constitución política de una nación siempre debe ser de consenso y un pacto entre gobernantes y gobernados; pero, no ha sido así en República Dominicana.

El surgimiento del Estado fue factible por las luchas del pueblo y se ha reafirmado por los sacrificios de los pobres, pero, estos no han podido ser candidatos; han sido excluidos por razones jurídicas, y cuando esas restricciones fueron superadas, no han podido ejercer sus derechos de ciudadanía por los costes de las campañas.

Hoy se reconoce “el derecho de todos” a participar, no obstante esa igualdad jurídico-formal queda al desnudo a la hora de competir en las llamadas primarias y más tarde en las elecciones, porque sus costos económicos impiden la participación de los no ricos.
Las cúpulas partidarias, cuando no sus caudillos, se reservan cuotas de participación para premiar a incondicionales; y con ello dan otra estocada a la participación democrática que encuentra así otro bloqueo desde la praxis interior de los partidos.

Las camarillas partidarias, históricamente en busca del beneplácito del poder económico, han actuado desde el gobierno bloqueando las condiciones para la acumulación originaria y ampliación capitalista para todos, pero reservándolas para sus allegados, constituyéndose de esa manera en sector burocrático orgánico a los intereses de los grupos de poderes fácticos minoritarios, y beneficiándose ellos mismos, vía despojo de los recursos públicos, que les permiten formar parte de las clases dominantes.

Ese modus operandi reproduce la condición de Estado oligárquico, excluyente y promotor de crisis permanente que impide a la nación encontrar soluciones a sus problemas ancestrales.

danteortiz1957@gmail.com

El autor es historiador.

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