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Defensores Públicos harán un paro nacional de 72 horas
Será en protesta por atrasos en el pago de sus sueldos y pretensiones de eliminar derechos adquiridos en la institución
Defensores públicos y abogados contratados de la Oficina Nacional de la Defensa Pública iniciarán mañana miércoles un paro de labores de 72 horas, en protesta por atrasos en el pago de sus sueldos y pretensiones de eliminar derechos adquiridos en la institución.
De acuerdo con un comunicado, el paro se realizará a nivel nacional desde las 8:00 de la mañana del miércoles 5 de agosto hasta el viernes a las 7:00 de la noche. De no ser escuchados sus reclamos podrían radicalizar su lucha.
“En los últimos meses hemos venido padeciendo de incumplimiento con las fechas de los pagos por parte de la administración, con el fin de resolver ese problema nos hemos reunidos con el director y le hemos planteado los grandes trastornos que causa al presupuesto nuestro esa irregularidad”, expresa una comunicación firmada por la Asociación Dominicana de Defensores Públicos.
Otro agravante
Otra situación que preocupa a los defensores públicos y abogados contratados en esa institución es que se les ha informado que desde el Ministerio de Administración Pública (MAP) tienen pretensiones de eliminar el bono vacacional.
“El pago del bono vacacional que hasta febrero se vino otorgando a los defensores públicos y abogados contratados será eliminado, pues según nos informa la dirección, la ley no contempla que lo recibamos, no obstante, todo el personal del Poder Judicial lo recibe, todos los empleados del Ministerio de administración Pública lo reciben, los empleados del Banco Central, la Superintendencias de Banco, entre otros”, expresa el comunicado.
Importancia de este servicio
En marzo del año pasado la Oficina Nacional de Defensa Pública contaba con alrededor de 151 defensores públicos de carrera, cuando la demanda es de que hayan por lo menos 500. Esto genera sobrecarga de trabajo para los defensores, cada uno tenía que trabajar en la defensa de 250 ciudadanos en conflicto con la ley penal, según cálculos de Defensa Pública.
Además, lleva aproximadamente el 75% de todos los procesos penales del país, lo que promedia entre 25,000 a 26,000 casos anuales.
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