Es lógico que el presidente Danilo Medina esté atormentado por la forma en que ha evolucionado el escándalo de Odebrecht embarrando a algunos de sus compañeros de partido y colaboradores del gobierno, razones por las que se ha mantenido en la equidistancia sin involucrarse en la investigación forense que encamina el Ministerio Público.
También es preocupante para el Presidente que dirigentes importantes de los principales partidos opositores figuren entre los beneficiarios de los sobornos de la constructora brasileña, al igual que empresarios independientes que gozan de su distinción y afecto aunque no tengan vínculos partidarios. Estamos a cuestión de horas para que el expediente sea enviado por el procurador Jean Alain Rodríguez al juez designado por la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco, que deberá instruir el proceso en instancia única, lo que adelanta, por lo menos, que entre los involucrados hay fi guras con el privilegio de la inmunidad legislativa. Dicen que dos senadores y un diputado.
Es probable que al momento de escribir esta columna –domingo después del mediodía–, el expediente estuviera en camino al magistrado Ortega Polanco. Esa expectativa crecía a medida que avanzaban las horas y todo indicaba que exceptuando el caso de los legisladores, inmunes a la cárcel mientras dure la legislatura, el resto de los imputados será recluido en prisión. Precisamente con ese fin se trabajó afanosamente los últimos días remozando la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y Najayo-Hombres, donde en apariencia serán recluidos preventivamente los acusados que hasta ayer se cuantificaban en quince, extraoficialmente. El caso es que el presidente Medina se ha mantenido alejado del proceso para no interferir en una atribución que pertenece a la exclusividad de la Justicia, más aún porque se involucra a personas de sus afectos y en dos o tres casos a compañeros del PLD, algunos de ellos miembros de su Comité Político.
Pero hay maledicencia
La maledicencia pública aposentada en analistas que al mismo tiempo “asesoran” la sedición antigubernamental, iniciaron ya la segunda fase de su campaña exigiendo que se cuantifique la sobrevaluación de las obras de Odebrecht y se identifique a los benefi ciarios del fi nanciamiento de campañas electorales. El primer tema está en proceso con la solicitud del Procurador a la Cámara de Cuentas para que se auditen todas las obras de Odebrecht. Sobre el otro tema, el publicista Joao Santana y su mujer Mónica Moura han declarado bajo juramento que Odebrecht no fi nanció campañas electorales en este país.
La maledicencia pública aposentada en analistas que al mismo tiempo “asesoran” la sedición antigubernamental, iniciaron ya la segunda fase de su campaña exigiendo que se cuantifique la sobrevaluación de las obras de Odebrecht y se identifique a los benefi ciarios del fi nanciamiento de campañas electorales. El primer tema está en proceso con la solicitud del Procurador a la Cámara de Cuentas para que se auditen todas las obras de Odebrecht. Sobre el otro tema, el publicista Joao Santana y su mujer Mónica Moura han declarado bajo juramento que Odebrecht no fi nanció campañas electorales en este país.
Pero nada de eso es sufi ciente porque el propósito es continuar la campaña contra el presidente Medina, contra el gobierno y contra el PLD como parte de la sedición que pretende entrar al Palacio Nacional por la puerta del patio… Sea antes o después de 2020. Por supuesto que para un líder político con la ética democrática del presidente Medina, resulta preocupante porque él maneja información de alta sensibilidad sobre esos planes, y en algún momento el Gobierno tendrá que enfrentarlos.
Pero lo primero, es lo primero…
¿…Y qué es lo primero?
Lo primero es concluir el proceso en el nivel político que corresponde a la instancia del Ministerio Público, y eso está a punto de producirse con el sometimiento de los imputados a partir de los papeles que llegaron de Brasil, de los interrogatorios y de las demás diligencias hechas por el Procurador.
Lo primero es concluir el proceso en el nivel político que corresponde a la instancia del Ministerio Público, y eso está a punto de producirse con el sometimiento de los imputados a partir de los papeles que llegaron de Brasil, de los interrogatorios y de las demás diligencias hechas por el Procurador.
A partir de entonces –cumplida la responsabilidad que le asiste como gobierno–, Danilo Medina tiene que actuar para mantener la institucionalidad democrática por encima de la sedición callejera, respetando las libertades públicas pero consciente de que su principal deber como mandatario es mantener el orden y la paz ciudadana.
La encuesta de Cid-Latinoamérica lo acaba de reafirmar: ¡El 64 por ciento de la población dominicana lo apoya!
