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El expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, Óscar Arias, acusado de corrupción
La Fiscalía señala al exmandatario por un delito de prevaricación relacionado con una presunta aprobación ilegal de un proyecto minero canadiense conocido como Crucitas
El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, enfrenta una acusación penal por aparente prevaricación en favor de un proyecto de extracción de oro en la zona norte del país.
A Arias Sánchez (que gobernó entre 1986-1990, y 2006-2010), conocido mundialmente por su protagonismo en la pacificación de Centroamérica en los años 80, el Ministerio Público de Costa Rica se le imputa impulsar ilegalmente en 2008 el proyecto canadiense conocido como Crucitas, que después quedó anulado, abandonado y pendiente de arbitrajes internacionales.
“En las dos oportunidades en que goberné juré respetar las leyes (…) Vamos a demostrar mi inocencia ante los jueces de la República, que son honorables. Uno como presidente tiene plena confianza en los técnicos del Gobierno y finalmente son los abogados de los departamentos legales los que redactan los decretos”, señaló el expresidente Arias horas después de que se conociera la noticia.
La noticia la confirmó a la prensa local en la tarde de este miércoles la oficina de Prensa del Ministerio Público, ahora bajo el mando de una fiscal de mano dura llamada Emilia Navas. Ella en octubre tomó en 2017 la dirección del órgano acusador el Estado en sustitución de otro abogado, Jorge Chavarría, al que se le cuestionaba su pasividad ante casos de corrupción.
Navas ordenó desde octubre reabrir el caso contra Arias, de 77 años, y ahora acusa ante los tribunales al expresidente mejor reputado del país, de acuerdo con las encuestas de opinión pública. El argumento de la Fiscalía indica que el presidente Arias firmó en octubre de 2008 un decreto que declaraba “de interés público” y “de conveniencia nacional” el proyecto minero de la firma canadiense Industrias Infinito, en el poblado Crucitas, fronterizo con Nicaragua. Sin embargo, esa concesión fue anulada por razones ambientales en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo cual, se puso de manifiesto una aparente ilegalidad en el decreto que había firmado el mandatario. La figura de prevaricación se castiga en Costa Rica con seis años de cárcel.
La Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), como manda la ley para los casos en que la parte ofendida son los miembros de la función pública. La PGR debe decidir si querella (acusación particular) y presenta una demanda por un monto de dinero para resarcir al Estado el daño provocado, según un comunicado oficial del Ministerio Público. En dos semanas la fiscal Navas enviaría la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.
Este caso somete a Arias a las mismas acusaciones por las cuales fue condenado a tres años de cárcel su ministro de Ambiente, Roberto Dobles. El exmandatario, sin embargo, había sido separado de la causa penal por decisión del fiscal general anterior.
El proyecto quedó abandonado después de la sentencia de 2010 en la que se dio a la razón a grupos ambientalistas que acusaban a Arias de promover una mina a cielo abierto para extraer hasta 700.000 onzas de oro, pero con graves impactos en el ecosistema. Después, la finca pasó a manos de costarricenses y fue invadida en 2017 por grupos de mineros informales que extraían el metal de manera artesanal con sustancias químicas que también dañan el medio ambiente. El gobierno de Carlos Alvarado llegó en mayo con la promesa de retomar el control del poblado Crucitas, aunque con procesos legales pendientes para poder apropiarse del terreno de 850 hectáreas. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, adscrito al Banco Mundial, lleva desde 2014 un laudo iniciado por la compañía canadiense, que reclama 94 millones de dólares por inversiones realizadas y ganancias que dejó de percibir.
“Tenemos plena confianza en que don Óscar no cometió ningún delito y eso va a ser demostrado; no nos cabe la menor duda. La acusación se dio de manera precipitada, con una investigación muy escueta, carente de todo elementos probatorios, que no respeta las reglas elementales penales sobre la responsabilidad personal y se parte del desconocimiento refundo sobre el rol constitucional de un Presidente de la República”, ha manifestado su abogado, Rodolfo Brenes. “Don Óscar no participó del trámite administrativo [del decreto], pues no tenía conocimiento, no tenía un interés particular en la concesión de Crucitas ni presionó a nadie para favorecer a la empresa (…) Las acusaciones son solo hipótesis que, estamos seguros, vamos a destrozar en juicio. El prevaricato solo se comete cuando se actúa a sabiendas de que el acto es ilegal, pero en este caso no es así; don Óscar firmó ese decreto sin saber que tenía algún problema”, ha agregado Brenes.
A Arias Sánchez (que gobernó entre 1986-1990, y 2006-2010), conocido mundialmente por su protagonismo en la pacificación de Centroamérica en los años 80, el Ministerio Público de Costa Rica se le imputa impulsar ilegalmente en 2008 el proyecto canadiense conocido como Crucitas, que después quedó anulado, abandonado y pendiente de arbitrajes internacionales.
“En las dos oportunidades en que goberné juré respetar las leyes (…) Vamos a demostrar mi inocencia ante los jueces de la República, que son honorables. Uno como presidente tiene plena confianza en los técnicos del Gobierno y finalmente son los abogados de los departamentos legales los que redactan los decretos”, señaló el expresidente Arias horas después de que se conociera la noticia.
La noticia la confirmó a la prensa local en la tarde de este miércoles la oficina de Prensa del Ministerio Público, ahora bajo el mando de una fiscal de mano dura llamada Emilia Navas. Ella en octubre tomó en 2017 la dirección del órgano acusador el Estado en sustitución de otro abogado, Jorge Chavarría, al que se le cuestionaba su pasividad ante casos de corrupción.
Navas ordenó desde octubre reabrir el caso contra Arias, de 77 años, y ahora acusa ante los tribunales al expresidente mejor reputado del país, de acuerdo con las encuestas de opinión pública. El argumento de la Fiscalía indica que el presidente Arias firmó en octubre de 2008 un decreto que declaraba “de interés público” y “de conveniencia nacional” el proyecto minero de la firma canadiense Industrias Infinito, en el poblado Crucitas, fronterizo con Nicaragua. Sin embargo, esa concesión fue anulada por razones ambientales en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo cual, se puso de manifiesto una aparente ilegalidad en el decreto que había firmado el mandatario. La figura de prevaricación se castiga en Costa Rica con seis años de cárcel.
La Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), como manda la ley para los casos en que la parte ofendida son los miembros de la función pública. La PGR debe decidir si querella (acusación particular) y presenta una demanda por un monto de dinero para resarcir al Estado el daño provocado, según un comunicado oficial del Ministerio Público. En dos semanas la fiscal Navas enviaría la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.
Este caso somete a Arias a las mismas acusaciones por las cuales fue condenado a tres años de cárcel su ministro de Ambiente, Roberto Dobles. El exmandatario, sin embargo, había sido separado de la causa penal por decisión del fiscal general anterior.
El proyecto quedó abandonado después de la sentencia de 2010 en la que se dio a la razón a grupos ambientalistas que acusaban a Arias de promover una mina a cielo abierto para extraer hasta 700.000 onzas de oro, pero con graves impactos en el ecosistema. Después, la finca pasó a manos de costarricenses y fue invadida en 2017 por grupos de mineros informales que extraían el metal de manera artesanal con sustancias químicas que también dañan el medio ambiente. El gobierno de Carlos Alvarado llegó en mayo con la promesa de retomar el control del poblado Crucitas, aunque con procesos legales pendientes para poder apropiarse del terreno de 850 hectáreas. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, adscrito al Banco Mundial, lleva desde 2014 un laudo iniciado por la compañía canadiense, que reclama 94 millones de dólares por inversiones realizadas y ganancias que dejó de percibir.
“Tenemos plena confianza en que don Óscar no cometió ningún delito y eso va a ser demostrado; no nos cabe la menor duda. La acusación se dio de manera precipitada, con una investigación muy escueta, carente de todo elementos probatorios, que no respeta las reglas elementales penales sobre la responsabilidad personal y se parte del desconocimiento refundo sobre el rol constitucional de un Presidente de la República”, ha manifestado su abogado, Rodolfo Brenes. “Don Óscar no participó del trámite administrativo [del decreto], pues no tenía conocimiento, no tenía un interés particular en la concesión de Crucitas ni presionó a nadie para favorecer a la empresa (…) Las acusaciones son solo hipótesis que, estamos seguros, vamos a destrozar en juicio. El prevaricato solo se comete cuando se actúa a sabiendas de que el acto es ilegal, pero en este caso no es así; don Óscar firmó ese decreto sin saber que tenía algún problema”, ha agregado Brenes.
