Ministerio Medio Ambiente aclara Gold Quest no tiene permiso explotación

El titular de la institución, Paíno Henríquez, explicó que el proceso inició tras la solicitud de la empresa, dando lugar a la elaboración de los Términos de Referencia (TDR), documento que establece las condiciones técnicas para la realización del estudio de impacto ambiental.

“El Ministerio está obligado por ley a evaluar cualquier proyecto que sea sometido. Estamos a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental, el cual será analizado con el más alto nivel de rigor técnico”, indicó el funcionario.

Henríquez subrayó que la aprobación de los TDR no implica luz verde para la explotación minera, sino el inicio de un proceso en el que la viabilidad del proyecto será determinada con base en evidencia científica y estándares nacionales e internacionales.

Agregó que los estudios deben ser elaborados por especialistas certificados y revisados por más de 25 técnicos, además de comités internos de evaluación.

El Ministerio también destacó que el proceso contempla mecanismos de participación ciudadana, incluyendo vistas públicas y consultas abiertas, así como la posible integración de expertos internacionales y academias para reforzar la transparencia.

En cuanto a los aspectos técnicos, el funcionario precisó que, según la información presentada hasta el momento, el proyecto plantea una explotación subterránea a más de 150 metros y no contempla, en esta fase, el uso de sustancias como cianuro o mercurio ni la construcción de presas de cola.

No obstante, estas afirmaciones contrastan con las críticas sostenidas por el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que ha mantenido una oposición firme al proyecto Romero.

Este colectivo advierte que la simple aprobación de los TDR abre la puerta a un proceso que, a su juicio, podría derivar en la explotación minera en una zona considerada estratégica por su riqueza hídrica y biodiversidad.

El movimiento sostiene que, independientemente de la fase en que se encuentre, el proyecto representa un riesgo para las fuentes de agua en la región suroeste, especialmente en la cuenca alta del río San Juan, y cuestiona la capacidad del Estado para garantizar controles efectivos a largo plazo.

Asimismo, ha expresado desconfianza en los estudios de impacto ambiental, alegando que en experiencias previas estos no siempre reflejan de manera integral los impactos acumulativos y que los procesos de participación ciudadana pueden resultar limitados o meramente formales.

Las organizaciones agrupadas en este movimiento también han reiterado su rechazo al modelo extractivo en la zona, argumentando que podría afectar actividades productivas tradicionales como la agricultura, además de generar conflictos sociales.

Mientras el Ministerio insiste en que cualquier decisión se tomará dentro del marco técnico y legal vigente, sectores sociales mantienen su postura crítica y demandan la paralización definitiva del proyecto, lo que mantiene abierto el debate sobre la minería metálica en la provincia San Juan. portada