El final de ‘Madame’, la mayor proxeneta de Cartagena

Cuando cae la noche en Cartagena de Indias, la plaza del Reloj, una de las zonas más reconocibles de la ciudad amurallada, se llena de niñas y adolescentes convenientemente vestidas para aparentar más de 18 años. A su lado, hombres y mujeres se encargan de promocionarlas ante los visitantes que llegan a la capital del turismo del Caribe colombiano. Son víctimas de explotación sexual y trata de personas. Muchas de ellas, jóvenes de barrios humildes captadas por Liliana del Carmen Campos Puello, alias Madame, señalada por la Fiscalía de liderar la red más grande de proxenetismo en Cartagena.

Madame, de 42 años, fue forjando un negocio millonario durante más de una década a costa de la vulnerabilidad de las niñas que viven en las zonas que la ciudad oculta: los barrios sin asfaltar, con escasez de servicios básicos, casas precarias y falta de futuro. Los conocía bien, nació en uno de ellos. Hasta allí llegaba su red con promesas de trabajo de modelo y dinero fácil, según explica Mario Gómez, el fiscal de Infancia que ha participado en la operación Vesta que ha llevado a la cárcel a Campos Puello por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución. Se enfrenta a una pena de 27 años de prisión.

Durante seis meses las autoridades colombianas en colaboración con agencias de Estados Unidos siguieron a Madame (cuentan con más de 7.000 horas de grabaciones), a un grupo de israelíes que gestionaba un negocio de proxenetismo internacional y a un militar que no solo explotaba a menores, las obligaba a tatuarse su nombre en alguna parte del cuerpo tras haberlas violado.

Una vez las jóvenes eran reclutadas, Madame las repartía entre las calles de la ciudad amurallada, hostales en los que alquilaba habitaciones y fiestas de lujo en yates e islas que podían durar días. Su marido, según la investigación, era el responsable de vender alcohol y drogas en los paquetes todo incluido que la red promocionaba. “Las menores eran vendidas en catálogos”, ha asegurado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Era habitual que Madame paseara con un séquito de jóvenes por Cartagena. Las acompañaba a las casas coloniales donde se realizaban eventos con extranjeros. Prueba de ello son las imágenes que publicaba en redes sociales. Siempre bajo el silencio de las autoridades. “Hubo fiestas en las que las jóvenes hicieron fila para ser escogidas por los clientes, en un claro acto de cosificación, contrario a la dignidad y el respeto por los derechos humanos”, ha explicado la juez durante la audiencia en la que se ha dictado prisión para la proxeneta por explotación, no por prostitución “un oficio de libre escogencia que no está penalizado por la ley colombiana”.

La investigación ha contabilizado más de 200 víctimas, muchas de ellas jóvenes venezolanas que escapan de la crisis que hay en su país (en los últimos dos años ha llegado un millón de ciudadanos a Colombia). “Son chicas de todas las clases sociales que accedieron por necesidad”, apunta el fiscal.

El negocio de Madame se extendía por las islas del Caribe. Les prometían trabajo, una manutención y papeles gracias a la connivencia de las autoridades de lugares como Bahamas. “Los controles migratorios en estos países son más laxos”, dice Mario Gómez, “además, muchos clientes de Estados Unidos compraban los servicios desde Miami escapando de la legislación de su país”. Una vez en el extranjero, las encerraban y explotaban.

Cada transacción se cobraba en dólares. Cuando la líder tenía el dinero, pagaba a las jóvenes en pesos colombianos una tercera parte del total. “Por un servicio de tres horas una niña recibía 500.000 pesos (unos 148 euros)”, ha relatado la Fiscalía. “Esto evidencia que las mujeres estaban subyugadas al pago que Liliana les daba; es decir, se prostituían para ella, mientras ella recibía millonarios dividendos del trabajo de estas jóvenes”, ha dicho la juez.

Tras la operación Vesta, las autoridades colombianas siguen investigando más redes de explotación de menores. En muchas ocasiones, son los familiares de las niñas los responsables. “Hemos incorporado agentes expertos en narcotráfico porque estos grupos actúan de la misma manera”, dice el fiscal de Infancia. “Vamos a extraditar a todos los extranjeros que lleguen a Colombia con estos propósitos y se va a proceder a la extinción de dominio [embargo] de todas sus propiedades en el país”.

El militar que marcaba a sus víctimas

De manera paralela, ha sido detenido el capitán de la Armada colombiana Raúl Danilo Romero Pabón por los delitos de explotación sexual, estímulo a la prostitución y concierto para delinquir. El militar no solo comercializaba a menores de edad, también las violaba. Después del delito sexual, las obligaba a tatuarse su nombre en alguna parte de su cuerpo.

Romero Pabón trabajaba con Jhon Padilla, el tatuador que se encargaba de marcar a las menores escribiendo el nombre del capitán en árabe. La investigación le acusa también de haber agredido sexualmente a muchas de estas jóvenes. Hilary Patricia, de 19 años, es la tercera detenida de esta red. Ella era la encargada de embaucar a las víctimas por redes sociales. La Armada colombiana ha explicado que el acusado ya había sido expulsado del cuerpo por razones distintas de los cargos de los que ahora se le acusa.