Consideran justicia RD ha avanzado, pero con matices de mucha deficiencia

Sin dudas la justicia dominicana ha avanzado. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales que no le permiten sacar una A o pasar con nota sobresaliente al momento de ser evaluada por representantes del Estado, así como por abogados en ejercicio.

Durante el programa especial “Balance: 16 miradas para el 16” de CDN, canal 37, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; y los abogados penalistas Miguel Valerio y Francisco Álvarez; señalaron que la lentitud de los procesos, altos costos para acceder a la justicia, limitaciones de recursos institucionales y la percepción ciudadana de desigualdad entre quienes tienen recursos económicos y quienes no, figuran entre los principales retos de la justicia dominicana.

Consideran que la justicia está en una etapa de transición, que mejora, con avances en independencia, tecnología y modernización, pero enfrenta desafíos importantes relacionados con la lentitud de los procesos, el acceso desigual, el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad de fortalecer las instituciones. De igual manera, humanizarla figura entre los retos para llevarla a un plano práctico y comprensible para la ciudadanía.

“La justicia aquí es lenta y es cara”, por lo tanto limita el acceso a la justicia, refirió el ministro Peralta al citar que esas características hacen que abogados en ejercicio les digan a sus clientes que reconsideren llevar algún litigio porque “no resiste el proceso”.

Peralta resaltó, además, que unas décadas atrás, el sistema judicial reprobaba las pruebas a las que era sometida, porque los jueces eran militares y eran nombrados por los senadores de cada demarcación, y los fiscales eran coroneles.

Actualmente: “Se habla de una justicia más tecnificada, de una Escuela Nacional de la Judicatura que forma jueces. ¡Es verdad que todavía hay ovejas negras! Pero esos son los casos de la minoría. Uno ve los casos mediáticos, no ve los casos reales. Además, una justicia que se ha concentrado en la mora judicial”, refirió Valerio al señalar que los grandes avances de la justicia se verán en el futuro.

Destacó los acuerdos judiciales que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha promovido, así como los planes de reducción de mora, el descongestionamiento de los tribunales y la virtualidad.

“Creo que las perspectivas que tenemos con los avances, especialmente en el ámbito tecnológico y de institucionalidad, me permiten entender que sí estamos todavía en un nivel que tiene mucho espacio de mejora, pero al mismo tiempo esos cambios que están ahora mismo corriendo, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, que es uno que todavía no ha arrancado totalmente, nos van a permitir eventualmente tener en los próximos años verdaderas revoluciones”, resaltó Álvarez.

En lo relativo al acceso o igualdad en el acceso a la justicia, los especialistas coincidieron en establecer que existen desigualdades al momento de enfrentarse a ella.

“Un abogado marca la diferencia en la justicia. Ahí no hay duda”, enfatizó el jurista Valerio al referir que el sistema cada día se va perfeccionando y que no se puede ser pesimista porque existe una marcada diferencia entre la época en que senadores y diputados se paraban a las puertas de un magistrado para indicarle cómo fallar un caso.

“No se puede ser pesimista. Efectivamente, el que veía lo que era la justicia de antes, yo no llegué a ver militares, pero yo sí llegué ver senadores y diputados parados en la puerta de un tribunal y decirle a un juez cómo tenía que fallar y eso hoy no se ve”, puntualizó en el conversatorio con la periodista Katherine Hernández.

Al referir que los grandes avances tecnológicos han contribuido a cerrar la brecha de acceso a la justicia entre ricos y pobres, así como la creación de la Juditeca, un buscador gratuito de jurisprudencias, doctrinas nacionales e internacionales, entre otras cosas, Álvarez coincidió con Valerio en que un togado hace la diferencia.

“No es lo mismo la justicia para quien tiene los recursos, para genuinamente solventar ese costo, versus el que tiene que trabajar con lo básico. Lo que se le ofrece o lo que está a su disposición”, señaló.

El ministro Peralta, al ser abordado respecto a que la población tiene una valoración distinta a la de los abogados, fiscales y actores del sistema judicial, describió que la creación de la entidad que él dirige, ya implica un gran avance en lo que respecta a la responsabilidad del Estado o del Poder Ejecutivo con respecto a la justicia, en virtud de que ese ministerio concentra todas las atribuciones que conciernen al Ejecutivo al respecto.

Citó como ejemplo el hecho de que ya la Procuraduría General de la República no es la responsable del sistema penitenciario ni de la constitución de Organizaciones sin fines de Lucro, que los litigios y arbitrajes internacionales ya no están a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, ni el régimen de los Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Expedientes grandes e impunidad

En el panel también se pasó balance al tema del sistema carcelario dominicano donde cerca del 70% de los presos son preventivos debido a la gran volumen de medida de coerción de esa naturaleza dicta por los tribunales de la República y que muchos de los condenados son infractores primarios.

“En un sistema que más del 60%, 70% de los que están en la cárcel son presos preventivos. Es un sistema que ya colapsó y falló”, resaltó Álvarez.

En tanto que Peralta, quien fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tiene la opinión de que la prisión preventiva no debe estar relacionada, necesariamente o únicamente, con la gravedad del hecho, sino con el perfil del imputado.

“Lamentablemente, y hay que decir esto, aunque sea duro decirlo, las personas que delinquen y que tienen condiciones económicas precarias son los que tienen menos arraigo y menos posibilidad de que vuelvan al tribunal. La gente que tiene arraigo, que tienen negocios, que tienen profesiones, esos es más difícil de que evadan la justicia”, expresó.

Valerio se refirió al choque que se da entre el derecho a una justicia pronta y el plazo razonable de un proceso.
“Un caso, cuatro años, cinco años no debería durar pero también la justicia tiene que realizarse porque si no se da ese sentimiento de impunidad y ese es el gran choque que se da entre una justicia pronta y un plazo razonable que puede derivar en impunidad”, dijo al explicar que la duración de los procesos está mal calculado en el país.

También se pasó balance a los voluminosos expedientes por presunta corrupción administrativa instrumentados por el Ministerio Público y su suerte en los tribunales; Álvarez fue crítico en establecer que la sobreabundancia argumentativa del Ministerio Público y el exceso probatorio, son el resultado de procesos penales tan largos, los cuales a su juicio, en algún momento podrían ser declarados extintos.

“Tenemos un exceso de páginas, un exceso probatorio, una sobreabundancia argumentativa que genera que cuando eso se traduce al proceso penal arcaico, que todavía hoy mantenemos en nuestro país, se genera en estos impasses.
“Ahí, el malo no es el imputado, que se le garantiza no estar perpetuamente atado a la justicia, ahí, lo que se debe llamar es a una reorganización de cómo se procesan los casos. Desde que se acusa hasta que se concluye”, enfatizó.

De su lado, Valerio explicó que la experiencia le ha demostrado que cuando los jueces quieren conocer un proceso en el tiempo que ordena la norma, lo hacen.

“Ahí hay cosas, de que es el manejo judicial que prolonga también los casos hay que decirlo, pues dice el imputado el único culpable, no. El culpable es el Ministerio Público, el juez, los abogados, todos son culpables ahora el sentimiento impunidad, eso hay que ver como se ve”, señaló.

Coincidieron en establecer la necesidad de tener un nuevo Código Penal.

El ministro Peralta defendió que una persona que comete varios delitos graves debe responder por cada uno de ellos, en tanto que sus compañeros de panel coinciden en que el aumento general de las penas hasta 60 años, es desproporcionado y chocan con el principio de rehabilitación y reinserción del sistema penal dominicano.

El Caribe