Cáceres y Torres Robiou incurrieron en «lavado de activos», según tribunal

SANTO DOMINGO. – .Al exponer los fundamentos de su decisión, la cual al momento de la redacción de esta información no había sido dada a conocer, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo sostuvieron que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron establecer la existencia de un esquema de sustracción de recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia, ventas internas y raciones alimenticias, cuyos beneficios terminaron reflejándose en el incremento patrimonial de varios de los procesados.

Respecto a Torres Robiou, el tribunal determinó que mientras dirigió el CESTUR participó en los mecanismos utilizados para desviar recursos de la institución y facilitó el uso de estructuras administrativas vinculadas al entramado. Según las magistradas, las evidencias demostraron que parte de los fondos sustraídos fueron destinados a la adquisición de bienes que incrementaron su patrimonio de manera injustificada.

“Este tribunal entiende que se ha demostrado que con el dinero sustraído en ambas instituciones adquirieron bienes que incrementaron su patrimonio”, señalaron las magistradas durante la lectura de las motivaciones.

Las juezas señalaron que los bienes y recursos manejados por el exdirector del CESTUR no guardaban proporción con los ingresos que percibía como funcionario público. En ese sentido, consideraron insuficientes los documentos presentados por la defensa para justificar el origen de los fondos movilizados entre 2017 y 2019, al entender que los pagos reportados por servicios prestados representaban montos mínimos frente al volumen de dinero que manejó durante ese período.

Asimismo, establecieron que Torres Robiou recurrió a préstamos bancarios para justificar movimientos financieros que llegaron a alcanzar hasta RD$65 millones anuales, una práctica que, según el tribunal, fue utilizada por otros miembros de la estructura para intentar dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

En cuanto a Adán Cáceres, las magistradas concluyeron que las experticias financieras, los análisis patrimoniales y las declaraciones juradas incorporadas al expediente evidenciaron un crecimiento económico incompatible con los ingresos que percibía como director del CUSEP.

El tribunal señaló que, poco tiempo después de asumir el cargo en 2012, Cáceres comenzó a adquirir bienes muebles e inmuebles y a asumir compromisos financieros que no podían ser sustentados con su salario oficial. Entre los elementos examinados figura la compra de propiedades valoradas en millones de pesos y la contratación de productos financieros cuyas cuotas superaban ampliamente sus ingresos declarados.

Asimismo, las juezas indicaron que las investigaciones permitieron establecer que varios de los préstamos contraídos por el exfuncionario eran liquidados de manera anticipada, utilizando para ello recursos provenientes de los fondos distraídos de las instituciones involucradas en el caso.

El caso Coral y Coral 5G involucra a militares, civiles y empresas acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría distraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones fraudulentas ejecutadas desde organismos de seguridad del Estado.

Al momento de redactar esta información, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aún no había concluido la lectura íntegra de la sentencia ni dado a conocer la parte dispositiva del fallo, por lo que las juezas continuaban exponiendo las motivaciones y la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso.