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Envían a prisión tres tarficantes de una red de armas de fuego
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a dos hombres miembros de una red de tráfico internacional de armas de fuego que fue desmantelada el pasado mes de mayo en un amplio operativo ejecutado en diversas localidades del país.
SANTO DOMINGO.- La prisión preventiva le fue impuesta a Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi) y a Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), quienes deberán cumplir la medida en la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.
En cuanto a los demás procesados, el tribunal impuso a José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri) y a Brian Vignieri Dilone una garantía económica de RD$1,000,000 mediante contrato e impedimento de salida del país.
Al imputado Pablo Sánchez Arnau (Alemán) se le impuso también una garantía económica de RD$400,000 y a Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos de RD$250,000, igualmente, mediante contrato, además a ambos le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
A Joel Rafael González Martínez le fue impuesta una garantía económica de RD$200,000, mediante contrato, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
En tanto que a José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) y a Jonathan Orlando Carela Montilla le fue impuesta a cada uno una garantía económica de RD$100,000, mediante contrato, impedimento de salida y cumplir presentación periódica.
La solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, establece que los imputados integraban una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, las cuales eran ingresadas clandestinamente al territorio dominicano para su posterior venta de manera ilícita.
Las medidas de coerción fueron impuestas por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien, al acoger la solicitud del Ministerio Público, además declaró el caso complejo.
