San Juan de la Maguana ante la Ley 64-00: El rigor del estudio frente al ruido de la incertidumbre/ Eddy Ezequiel Suero Castillo

Por: Eddy Ezequiel Suero Castillo

La situación actual del proyecto minero «Los Romero» en San Juan de la Maguana nos coloca frente a un espejo social y jurídico que no podemos ignorar. Resulta paradójico observar cómo, en el discurso público, se invoca la ley con vehemencia cuando favorece intereses particulares, pero se pretende soslayar cuando su mandato exige paciencia y rigor científico. La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales no es una sugerencia; es el marco soberano que ordena, antes de cualquier ejecución, un proceso de evaluación ambiental detallado. Oponerse a la realización de los estudios de impacto ambiental es, en esencia, oponerse al conocimiento y a la propia legalidad que alegamos defender. ¿Cómo podemos validar quejas, huelgas o desacuerdos sobre resultados que aún no existen? El respeto al debido proceso, principio que rige nuestra vida jurídica, debe primar: la ley, aunque a veces sea dura, es la ley, y su cumplimiento es el único camino para garantizar que la soberanía del pueblo de San Juan se ejerza con base en la verdad y no en el temor.

Desde una perspectiva crítica y humana, debemos reconocer que San Juan de la Maguana atraviesa una crisis de desarrollo que no podemos seguir maquillando. Hace décadas que dejamos de ser el «Granero del Sur» y la precariedad en el acceso al agua potable y su contaminación, no es consecuencia de una minería que aún no existe, sino de un modelo agotado. Poseer un yacimiento de oro bajo nuestros pies es un privilegio intrínseco de la naturaleza, una «mina de oro» que otros pueblos en pobreza extrema verían como la esperanza para transformar su realidad. Darle una oportunidad al estudio de impacto ambiental no significa autorizar la explotación inmediata, sino permitir que la ciencia determine si este recurso puede ser el motor de un desarrollo que la agricultura ya no nos proporciona. No se trata de estar a favor o en contra de la minería por pasión, sino de estar a favor de que el subsuelo, propiedad del pueblo dominicano bajo nuestra Constitución, sea evaluado con la seriedad que amerita su potencial riqueza.

El andamiaje legal de la Ley 64-00 es claro y contundente en sus artículos 38, 40 y 41, estableciendo que proyectos mineros como «Los Romero» requieren obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental y social. Este proceso, que incluye licencias, permisos y la consulta pública, es la mayor garantía de protección para nuestra comunidad. El artículo 42 destaca que estos estudios son documentos públicos, sujetos a discusión y costeados por el interesado, pero supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, las manifestaciones que hoy presenciamos son, cuando menos, prematuras y están mal dirigidas. Si hay un reclamo que hacer, este debe orientarse hacia el Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente para que aseguren el cumplimiento irrestricto de la normativa, pero nunca para impedir que la ley se aplique en su fase de diagnóstico. La transparencia no se logra bloqueando el estudio ni su resultado, sino fiscalizándolo.

En conclusión, la sensatez debe prevalecer sobre el discurso desinformado. Recomiendo a la sociedad sanjuanera y a sus líderes de opinión permitir que el proceso técnico-jurídico agote sus etapas según lo dispone la Ley 64-00, participando activamente en las consultas públicas cuando llegue el momento procesal oportuno. La verdadera defensa de nuestro patrimonio natural y social no radica en la negativa sistemática al conocimiento, sino en la vigilancia estricta de que los resultados de dichos estudios sean veraces y respeten la integridad de nuestra cuenca alta. Solo con datos científicos en la mano podremos tomar una decisión soberana, responsable y, sobre todo, legal.

El escritor es Abogado y Cientista Social