Por: Eddy Ezequiel Suero Castillo
Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde la vida privada desaparece ante la voracidad de las redes sociales y los medios digitales. En nuestro país, la República Dominicana, el respeto por el derecho a la intimidad, el honor y la dignidad no debe ser una frase decorativa en la Constitución, sino una línea de defensa activa contra el abuso informativo, es nuestro deber como ciudadanos, exigir y practicar una cultura de respeto que entienda la dignidad humana como el valor supremo a proteger, incluso y sólo especialmente, en el espacio virtual.
Considero que la inacción social y la falta de regulación efectiva han permitido una peligrosa erosión de los derechos fundamentales de las personas, haciendo que la protección de su intimidad y honor sea insuficiente ante la difamación y el escarnio digital masivo. Debemos fortalecer nuestro marco legal y nuestra conciencia cívica para garantizar que la dignidad individual prevalezca sobre el sensacionalismo.
En primer lugar, la Constitución consagra estos derechos como esenciales; sin embargo, la realidad diaria los convierte en vulnerables. Específicamente, el artículo 44 establece de manera categórica que “Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, al honor, al buen nombre y a la propia imagen”, blindando así a la ciudadanía, constantemente vemos cómo la información personal muchas veces falsa o descontextualizada, se utiliza para dañar la reputación de individuos sin importar las consecuencias psicológicas o profesionales. Esta práctica anula el principio de la dignidad de la persona y la expone al juicio público sin el debido proceso, socavando su imagen de manera irreparable.
En segundo lugar, la facilidad con la que se difunde contenido sensible en las plataformas digitales transforma la excepción en regla, haciendo que la privacidad parezca una quimera, las cámaras de nuestros teléfonos y las herramientas de edición se han convertido en armas que atentan contra el honor, muchas veces escudándose en la libertad de expresión. Un ejemplo real lo observamos cuando se difunden, sin consentimiento, videos íntimos de personas, lo cual no sólo constituye una violación directa de su intimidad, sino que también perpetúa una forma de violencia digital que arruina vidas. Mi libertad termina donde comienza tu derecho a una vida privada y digna; la expresión nunca puede ser una licencia para humillar o difamar a otro ser humano.
Finalmente, la Justicia debe ser ágil y visible al castigar estos delitos, la falta de condenas ejemplares ante el ciberacoso y la difamación crea un clima de impunidad que la sociedad interpreta como una licencia para seguir transgrediendo los derechos ajenos. Si los ciudadanos no perciben una consecuencia real y proporcional al daño causado por la violación del honor o la intimidad, la impunidad se convierte en una licencia social para seguir transgrediendo, por ello, la ciudadanía y los profesionales del derecho debemos presionar para que se establezcan mecanismos de protección y reparaciones rápidas, transparentes y ejemplares.
En conclusión, el derecho a la intimidad, el honor y la dignidad son pilares irrenunciables de nuestra democracia y definen nuestra calidad humana, es imperativo que abandonemos la complacencia ante el chisme destructivo y la difusión irresponsable. Les exhorto a todos, lectores y hacedores de opinión, a ser custodios de la dignidad propia y ajena, promoviendo una ética digital que priorice el respeto y la verdad, sólo así, con leyes fuertes, régimen de consecuencias y una conciencia colectiva firme, blindaremos verdaderamente estos derechos esenciales.
El autor es abogado
