NacionalesPortada
INABIE cancela 20 contratos y 9 empleados por líos de licitaciones
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que comenzó el proceso para cancelar aproximadamente un total de 20 contratos firmados con oferentes y dispuso la cancelación de 9 colaboradores que participaron en las licitaciones, entre ellos, los peritos responsables de las evaluaciones técnicas.
El Inabie explicó que ha respondido puntualmente a cada una de las solicitudes realizadas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría relacionadas con la investigación que aún se encuentra en curso, e informó que lo propio hará con cualquier información que pueda requerir la Procuraduría General de la República (PGR).
Recordó que fue la propia Dirección Ejecutiva del Inabie la que solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades identificadas de forma preliminar en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 relacionados con la utilería escolar.
Destacó que hasta el momento las evaluaciones realizadas a los procesos no han evidenciado afectación de derechos, ni se ha recibido ningún tipo de impugnaciones por parte de los oferentes, ni en la institución ni en la propia DGCP.
Como parte de esas medidas, se dispuso de inmediato la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas.
La institución destacó que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a los contratos de empresas denunciadas en estos procesos, en salvaguarda de los recursos públicos.
Desde el año 2022, el INABIE ha fortalecido sus controles internos y ha ejecutado diversas acciones orientadas a garantizar la integridad de sus procesos.
Entre estas se encuentran la suspensión de más de 50 proveedores por hallazgos en distintas licitaciones, solicitudes formales de inhabilitación por falsedad de documentos, como el inicio de la instalación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento, que permitirá identificar de forma anticipada posibles prácticas contrarias a la ley.
