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No existe pena de muerte en RD; pero en el 2023 fueron ejecutadas 156 personas
Se trata de ejecuciones extrajudiciales, que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueron llevadas a cabo por "agentes de seguridad del estado" (?)
SANTO DOMINGO. – Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en República Dominicana en 2023 continuaron las ejecuciones extrajudiciales y, según datos extraoficiales, se registraron alrededor de 156 cometidas por agentes de seguridad del estado.
Sostiene que la CNDH ha emitido varias alertas por casos de violaciones graves cometidas por órganos de seguridad del Estado, principalmente contra jóvenes pobres de 18 a 35 años.
Refiere, además, que la Comunidad LGBT está expuesta a altos riesgos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, expresión y/o identidad de género, y se encuentra en situación de vulnerabilidad al no poder disfrutar de sus derechos.
También hay entre 87,000 y 97,000 mujeres que ejercen trabajo sexual, representando cerca del 3.4 % de todas las féminas adultas, y entre 3,900 y 5,000 mujeres transgénero; de las cuales el 95% practica el trabajo sexual como vía para obtener ingresos.
La misma encuesta reveló que 73.5 % ha sido agredida física o emocionalmente por recibir alguna manifestación de afecto en público por parte de su pareja.
PRIVADOS DE LIBERTAD
Entre otros aspectos resalta que, en torno a los derechos de las personas privadas de libertad, no se registraron mejoras por el deterioro de los recintos y persiste el hacinamiento en un 65 % de ellos
Detalla que existen 46 centros de privación de libertad diseñados para unos 12,000 mil internos, mientras en la actualidad alberga alrededor de 26,000 mil, algunos recluidos por delitos menores.
DEPORTACIONES
Durante 2023 más de 200,000 mil personas fueron deportadas por República Dominicana a Haití, más de 30 mil solo en noviembre y diciembre, según el informe de la CNDH-RD.
AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS
en República Dominicana no existen políticas públicas claras por parte del Estado hacia los grupos vulnerables, situación que agrava las condiciones de éstos.
