La oposición venezolana ha acusado este jueves al presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo un “golpe de Estado”, después de que el Tribunal Supremo —controlado por el chavismo— decidiese retirar las competencias a la Asamblea Nacional (el Parlamento),con mayoría opositora, por estar en “desacato”. “Nicolás Maduro ha organizado un golpe en Venezuela”, ha declarado el presidente de la Asamblea Julio Borges.
El diputado ha asegurado que el Legislativo desconoce el fallo del tribunal, al que ha calificado de “basura”. También el líder opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, ha calificado la maniobra del Supremo como un “golpe de Estado”. Borges ha pedido al Ejército que rompa su silencio ante la “ruptura del orden constitucional”.
La sentencia número 156, divulgada el miércoles por la noche, ordena que la Sala Constitucional del TSJ o una instancia que esta designe asuma el rol del Legislativo para garantizar el “Estado de derecho”. Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han juramentado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la Asamblea Nacional cuya investidura había sido impugnada por supuestas irregularidades en su elección. “[La sentencia] confirma el golpe de Estado continuado del gobierno forajido y fallido repudiado nacional e internacionalmente”, escribió en su cuenta de Twitter el opositor y expresidente del Legislativo, Henry Ramos Allup.
Este dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el máximo tribunal arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano.
Este fallo se justifica en el Estado de Excepción vigente en Venezuela, aunque su Constitución no establece la desaparición de los poderes públicos. Borges ha pedido al Ejército que reaccione ante la ruptura del orden constitucional. “Sabemos que los oficiales de la FAN (Fuerza Armada Nacional) sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, indicó.
El TSJ todavía no ha indicado cómo asumirá las funciones del poder Legislativo. Pero Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, supone que se dictarán nuevas “leyes-sentencias” a favor del régimen. “Esta no es una sentencia más, sino una que marca un punto de no retorno de la dictadura. Ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias”, explicó.
Protestas
La oposición ha anunciado que convocará a una serie de protestas en los próximos días. “Sabemos que hay miedo y represión, pero es el momento de ponernos de pie”, agregó Borges.
Pero el chavismo ha preferido el silencio ante los reclamos de los opositores. Unas 45 ONG venezolanas han alertado sobre las catastróficas dimensiones de las decisiones del Supremo. “Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”, dicen las ONG en un comunicado.
Muchos interpretan que las sentencias como una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional, y la petición de elecciones generales en Venezuela. Maduro advirtió el martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.
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El Supremo, que ha emitido 56 sentencias contra el Parlamento desde enero de 2016, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro supone un mal precedente en esta trama. En enero, el parlamentario fue detenido por presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck El Aissami instó a los tribunales a castigarlo con “todo el peso de la ley” por estas acusaciones. Para Unidad Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño.
Conflicto diplomático
Tras lo ocurrido, el Gobierno de Perú anunció este jueves el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, después de la “inaceptable” decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias del Legislativo de ese país. “Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno de Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un comunicado. Poco antes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, había considerado “inaceptable” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela
