Ser funcionario, ¿cuál es su hermenéutica? / Oscar López Reyes

Por Oscar López Reyes

Por años, capitalinos y provincianos embelesados por un decreto, juran fidelidad a su candidato presidencial, y dejan hasta el forro por su triunfo. Buscando ese ascenso oficial, expertos y estrategas diseñan ofertas, y graduados y amateurs preparan informes técnicos y financieros. También, obreros y artesanos riegan octavillas y colocan carteles, señoritas y matronas hacen muecas irónicas, buscavidas morosos y brujos desahuciados dan zancadas con pañuelos a la cabeza, y multitudes embobadas por la publicidad pegajosa empuñan banderas y, con frenesí y arrebato, vociferan a todo pulmón que son los mejores y que la victoria está asegurada.

Ya con la banda presidencial entrecruzada, el nuevo jefe de Estado juramenta a ministros, directores generales y asesores que, igual que gobernadores civiles y alcaldes, recompensan con empleos y panecillos a una parte de los que cogieron Sol, sereno y empellones en la campaña electoral.

Además, en el pastel lamen, como dominicanos con derecho a no dejarse morir, cuñados e hijos de amigos de los incumbentes que no dieron un solo golpe y gruñen por la marginación los que se les doblaron los hombros con las pancartas partidarias y se desgañitaron contrariando a parlanchines y lenguaraces que adversariamente les cortaron los ojos y que ahora disfrutan de las mieles del poder.

En la yunta burocrática preservan sus puestos de trabajo los que pertenecen a la carrera administrativa o que, por sus vastas experiencias o por no tener preferencia pública de emblemas y colores, cierran filas con las nuevas políticas públicas, planes y estrategias que en el gobierno electrónico implementan los ministros, directores o administradores generales, gobernadores civiles, alcaldes, órganos constitucionales u organismos provinciales y municipales del Estado.

Para entender la razón por la que ciudadanos de las más dispares estirpes anhelan, sin mitos ni oráculos, ocupar altos cargos en instituciones estatales, vamos a clasificar esa exégesis en cinco parcelas, con igual número de contrapartes.

Son presillas acogedoras: 

Primero: Brindar un auxilio a la administración pública, buscando la eficiencia y la eficacia, con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, para perfeccionar los servicios públicos, satisfacer los requerimientos de los ciudadanos y coadyuvar con el fortalecimiento institucional y el desarrollo nacional y local.

Ocupar una alta función oficial ofrece la oportunidad de planificar, organizar, ejecutar y evaluar políticas públicas en la gestión estatal, para lograr los más elevados indicadores de gestión y abonar en la calidad de vida de los congéneres los bienes y equipos del Estado, la vigilancia de las operaciones financieras y denunciando los actos reprochables e ilícitos que arruinen al Estado y a la colectividad.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) plasma, en su Diccionario general de competencias y complementos para la gestión gubernamental, cuatro atributos -con 16 componentes- para el progreso y las innovaciones de alto impacto organizacional. A saber:

1.- Competencias cardinales: colaboración, compromiso con los resultados, eficiencia para la calidad y pasión por el servicio al ciudadano.

2.- Competencias del régimen ético: conciencia social, integridad, respeto, responsabilidad.

3.- Competencias directivas: liderar con el ejemplo, planificación y organización, y visión estratégica.

4.- Competencias funcionales: comunicación, desarrollo de relaciones, flexibilidad, influencia y negociación, innovación y pensamiento analítico.

Segundo: Tener un ingreso fijo, conforme con el cargo y el régimen retributivo de la institución: el presidente de la República gana 450 mil pesos mensuales, los presidentes del Tribunal Constitucional 476,691.01, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Cuentas 423,500, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral 375,000; los ministros y senadores 350 mil; los directores generales 300 mil, los diputados 175 mil y los funcionarios medios, más o menos, 100 mil pesos mensuales.

(Al margen de la Ley 105-13, de Regulación de Salarios, la escala de éstos depende también de la incongruencia: los directores generales de Aduanas se embolsillan 630 mil 919, y de Impuestos Internos, 598 mil 772 y, sin embargo, su jefe, el ministro de Hacienda, percibe 300 mil pesos. Y, aún más caótico: mientras el jefe de Estado devenga 450 mil pesos mensuales, funcionarios bajo su mando le aventajan: el gobernador del Banco Central: un millón 513,380, y la vicegobernadora, un millón 411,790); los superintendentes de Bancos, 999,970.48; de Seguros, 800,000; del Mercado de Valores, 770,000, y de Electricidad, 596,546.76, en tanto que el presidente del Consejo Directivo del Indotel se engulle 515,506).  

Adicionalmente, autoridades de alto rango y los empleados de más bajo escalafón perciben el salario 13, remuneraciones extraordinarias, como bonos por desempeño/rendimiento laboral sobresaliente y beneficios marginales o adicionales, como viáticos/dietas, gastos de representación y combustibles.

Los colaboradores intermedios y niveles bajos disfrutan de transporte, subsidios para almuerzos (entre el 100% y el 40%) y educativos o bonos escolares para sus hijos en edad comprendida entre 3 y 17 años que estudien en el nivel básico y medio.

Tercero: Seguridad social. Cuentan con un seguro médico y pueden disfrutar de la titularidad de una pensión por invalidez absoluta o por lesiones permanentes.

Cuarto: Participan en programas de adiestramientos y especializaciones, a fin de enriquecer la competencia en el desempeño de sus funciones, en el marco de los programas de inducción que implementa el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y así lograr ascensos.

Quinto: Acumular los requisitos de 20 años de servicios y 60 de edad para optar por una pensión del Estado, y además recibir prestaciones laborales.

En el Estado, también unas van de cal y otras van de arena.

Para los altos funcionarios gubernamentales, son imposturas potencialmente perjudiciales:

1.- Las presiones y acosos. Parientes, vecinos, amigos, compañeros del partido y desconocidos abruman hasta la saciedad con solicitudes de empleos y de otros géneros, como contratos para suplir bienes y servicios. A los incumbentes reclaman sus aspiraciones en visitas a sus oficinas y hogares, en centros comerciales, actos públicos y privados, y hasta en caminatas callejeras. El porcentaje de respuestas positivas tapiza como mínima, lo que significa que el superior “acorralado” se adjudica una cantidad incalculable de enemigos, que -alegan- no los quiso ayudar.

2.- La inseguridad laboral. Un decreto inesperado del primer mandante de la Nación, una rúbrica desvinculatoria -justificada o no- del titular de más jerarquía, o una reducción de personal tiran a la calle a los más apuestos, hasta a inflados de la carrera administrativa.   

3.- Los enemigos jurados: se declaran como adversarios obstinados la mayoría de los despedidos o desvinculados (que nunca entenderán las decisiones en su contra) de la institución oficial; familiares, antiguos inseparables y compadres, correligionarios partidarios y conocidos de lejos que no consiguieron colocación. Asimismo, se revelan como contrarios      -increíblemente- subordinados que no lograron ascensos, aumentos de sueldos, permisos vagos, o que no recibieron saludos efusivos.

4.- El maltrato por intrigas. Un ministro, director general, funcionarios departamentales, secretarias y hasta choferes y conserjes se exponen a ser víctimas del hornillo de maquinaciones aviesas y complots, por antagonismos políticos, celos y competencias en el quehacer gerencial, o por los rumores y chismes gestados por la envidia, la mediocridad y la ambición vil.

5.- Las acusaciones y sometimientos. Por comisiones ilícitas conscientes o ultrajes/vejaciones, desatinos o equivocaciones inadvertidos, descuidos/negligencias o conjuras retaliativas irreales o sin sustentación jurídica, en oficinas públicas, y fuera de los recintos gubernamentales, se tejen, como en infiernillos, imputaciones y sometimientos judiciales heterogéneos. Aún con la absolución tribunalicia, con frecuencia el daño se prolonga tergiversado en el tiempo.  

Acomodarse en la nómina del Estado –como compensación por un agotador sacrificio en la campaña comicial, por una vieja y fiel amistad con el incumbente o por ser un técnico calificado y cuasi imprescindible- asegura un ingreso estable, sea enano, mediano o larguirucho. El más bajo -digamos que menos de 50 mil pesos- posibilita el acceso al crédito para sobrevivir en el endeudamiento malabarista; el mediano bajo -yo lo calculo en 100 mil), mediano alto en 200 mil pesos- cubren la canasta familiar sin mayor dificultad, y el de más de 300 mil pesos ahorra en la tranquilidad.

Los del más crecido o cuarto quintil (QI) son, lógicamente, los de los funcionarios con los voluminosos salarios, que ahorran sin lastimar su calidad de vida; ellos pueden ser receptores de una privilegiada pensión y también de una sustanciosa prestación laboral, que les facilita invertir en áreas específicas, con una holgada renta mensual. Así, en el ocaso existencial podrán recontar, echándose fresco con un abanico de cartón en una mecedora del patio o galería de sus casas, sus más desoladoras travesías, y sus momentos de gloria. 

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17 de abril de 2022.

El autor es Periodista-mercadólogo, escritor y artículista de El Nacional,
Ex Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas

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