Opinión
Hacia una Policía de Ciudadanos: Es Imperativo la Desmilitarización y una Reforma Ética/ Eddy Ezequiel Suero Castillo
A pesar de los avances legales, en pleno año 2025 persiste una preocupante resistencia a entender el rol del policía frente al Ministerio Público. Muchos agentes aún ignoran, por falta de formación o por arrogancia de rango, que la dirección de la investigación penal recae en los fiscales y que la Policía Nacional es un brazo auxiliar de la justicia
Por Eddy Ezequiel Suero Castillo
El origen de nuestra Policía Nacional, cimentado bajo el Decreto 1523 de 1936 durante el régimen de Trujillo, marcó el ADN de la institución con un sello de control político y represión militarizada. Esta herencia histórica ha perpetuado en muchos agentes la falsa creencia de ser «jefes supremos» por encima de la ley, en lugar de servidores públicos. Esta mentalidad ha dado paso a una cultura de autonomía excesiva donde el agente se arroga funciones que no le corresponden, olvidando que su esencia fundamental es la de un civil armado, autorizado exclusivamente para garantizar el orden y la seguridad ciudadana bajo el estricto marco de nuestra Constitución.
Esa estructura militarista ha facilitado el arraigo de prácticas nocivas como el «macuteo» y la extorsión, convirtiendo en algunos casos la placa en una licencia para el cobro ilícito de peajes a la delincuencia. La persistencia de esta conducta, donde se negocia la libertad o el delito a cambio de dinero, desvirtúa la misión policial y la asimila a estructuras criminales. Peor aún, cuando el pacto con el infractor se rompe, surge la figura del mal llamado «intercambio de disparos», un mecanismo de ejecución extrajudicial que muchas veces cobra vidas inocentes y que solo sirve para encubrir la ineficiencia y la corrupción sistémica.
A pesar de los avances legales, en pleno año 2025 persiste una preocupante resistencia a entender el rol del policía frente al Ministerio Público. Muchos agentes aún ignoran, por falta de formación o por arrogancia de rango, que la dirección de la investigación penal recae en los fiscales y que la Policía Nacional es un brazo auxiliar de la justicia. Esta confusión jerárquica, alimentada por una estructura de rangos militares que llega hasta generales, genera un conflicto de mando que entorpece el debido proceso y vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes ven en el uniforme una amenaza y no una garantía de protección.
El principal obstáculo para una transformación real es la excesiva jerarquización institucional. El sistema de rangos actual fomenta una aspiración basada en el poder y el estatus, más que en la vocación de servicio. Mientras la estructura policial se comporte como un ejército de ocupación interna, la cultura del “jefe” seguirá aplastando la cultura del “servidor”. Es urgente desmitificar el ascenso vertical y sustituirlo por un modelo de carrera profesional donde el respeto no se imponga por las estrellas en los hombros, sino por la capacidad técnica, la integridad ética y la eficiencia en el mantenimiento de la paz social.
Creo que para lograr una verdadera metamorfosis policial, es imperativo iniciar con la sustitución generacional y jerárquica, pensionando a la totalidad de la cúpula de generales y coroneles para limpiar la institución de la vieja doctrina autoritaria. La dirección de la Policía debería recaer en un perfil civilista con formación en humanismo, sociología, antropología y derechos, capaz de priorizar la dignidad humana. Asimismo, la formación en la escuela policial debe ser de grado técnico-profesional para bachilleres, egresando
con el rango único de sargentos, donde el aumento salarial y el progreso no dependan de la antigüedad o el rango, sino de la preparación académica continua y resultados medibles. Solo así transitaremos de una fuerza de choque a un cuerpo de paz que respete los derechos fundamentales y recupere la confianza de la sociedad dominicana.
El escrito es abogado y Cientista Social




