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SCJ ordena a la PGR 10 millones de pesos a hombre por prisión preventiva injusta
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó íntegramente la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que condenó al Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor del ciudadano Affe Gutiérrez Gil, victima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos
En un encuentro con la prensa la barra de su defensa integrada por Carlos Moreno, Manuela Ramirez y Zaida Carrasco, manifestaron que “El fallo constituye la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, marcando un precedente en la historia del Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado”.
Mientras que Affe Gutiérrez manifestó que “esta sentencia es algo simbólico pues no hay nada material que nos devuelva el tiempo perdido, además por parte del órgano persecutor no ha existido una excusa pública por el abuso cometido y mucho menos persiguió a quienes nos ocasionaron este daño”.
Un proceso teñido de abuso y retaliación
El calvario judicial de Affe Gutiérrez Gil comenzó en 2008, poco después de su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Según el expediente, tras esa unión, fue objeto de una persecución institucional injustificada que culminó con su expulsión de la Policia Nacional y su posterior sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio.
En 2009 fue apresado preventivamente y, pese a la falta de pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación. Un testigo clave admitió posteriormente haber recibido dinero para acusarlo falsamente, revelando un entramado de manipulación procesal que lo mantuvo encarcelado durante más de dos años y medio
Condenado dos veces a 30 años: una lucha contra el poder
En su peregrinaje judicial, Affe Gutiérrez fue condenado en dos ocasiones a 30 años de prisión, ambas veces por tribunales que posteriormente fueron desautorizados y sus decisiones anuladas por la Corte de Apelación.
Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, poniendo fin a un calvario judicial de casi una década de procesos, privaciones y sufrimientos.
Durante su encarcelamiento, realizó una huelga de hambre, fue víctima de dos intentos de asesinato dentro de la prisión y vio nacer a su hija tras las rejas, sin poder sostenerla en sus brazos. A pesar de haber denunciado formalmente a los jueces y fiscales que participaron en el proceso, las autoridades ignoraron sus reclamos. Años más tarde, algunos de esos jueces fueron expulsados del Poder Judicial por “vender sentencias”, confirmando el patrón de corrupción que él había denunciado desde su celda.
