Estados Unidos ha propuesto una hoja de ruta para enfrentar la complicada crisis que vive Haití, mediante un plan de trabajo de 10 años que no menciona una intervención armada, pero tampoco la rechaza de plano, y que reconoce que los intentos pasados de estabilizar al país no han logrado sus objetivos.
El “Plan Estratégico de 10 años de Estados Unidos para Prevenir el Conflicto y Promover la Estabilidad en Haití” fue dado a conocer este viernes, 24 de marzo, por la Oficina de Operaciones para Estabilizar Conflictos del Departamento de Estado.
El documento sostiene que “la situación de seguridad en Haití sigue deteriorándose significativamente, lo que subraya la urgencia de adoptar un enfoque a largo plazo para fortalecer e integrar la diplomacia, el desarrollo y el compromiso del sector de seguridad de Estados Unidos en Haití. Este plan proporciona un marco y un enfoque secuenciado para los esfuerzos de Estados Unidos, que pueden escalarse y secuenciarse en función de las aperturas políticas y de seguridad en el país”.
Estados Unidos reconoce que Haití enfrenta un momento “especialmente difícil en su historia”, luego de que en julio de 2021 el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado. Destaca que las bandas criminales, “muchas de ellas respaldadas por actores políticos o económicos corruptos”, tomaron el control de instalaciones estratégicas y han bloqueado servicios críticos a la población. Señala también los abusos contra las mujeres y niñas, y reconoce que “los esfuerzos diplomáticos y de asistencia internacional han logrado resultados mixtos, y su impacto ha sido objeto de escrutinio y debate”. 
El plan sugerido por Estados Unidos emerge tras consultas con “más de 230 personas que representan al gobierno y la sociedad civil haitianos, organizaciones multilaterales y bilaterales, el sector privado, la academia, la diáspora haitiana y expertos y profesionales. Este grupo de trabajo continuará como un mecanismo de coordinación durante su implementación”.
El objetivo fundamental es “que los ciudadanos y el Gobierno de Haití avancen en una visión compartida y un entorno permisivo para la estabilidad a largo plazo”. Mientras, Estados Unidos asegura que moverá sus recursos para “avanzar en la gobernanza y la seguridad responsables y responsivas; y apoyar a una ciudadanía comprometida y próspera”.
Si bien el documento no establece la intervención armada como posibilidad, tampoco la descarta, e, incluso, el entrelíneas de la comunicación la deja abierta.
“El plan prevé un enfoque por fases, priorizando los esfuerzos en el sector de seguridad y justicia desde el principio, dada la situación actual de Haití. Durante esta primera fase, los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos involucrarán y aprovecharán a los socios entre la sociedad civil haitiana y la Policía Nacional de Haití (PNH) para informar y implementar la programación para fortalecer la seguridad ciudadana y el estado de derecho, asegurando al mismo tiempo la protección y promoción de los derechos humanos y la responsabilidad. Los esfuerzos iniciales se centrarán en los barrios más peligrosos y violentos y los centros de transporte y económicos clave”, expresa el documento.
“Después de enfocarse en las necesidades de seguridad y justicia en la Fase I, la Fase II comenzará a abordar las causas raíz de la inestabilidad, construyendo sobre la reforma del sector de justicia y abordando la participación cívica y las oportunidades económicas. La Fase III ayudará a expandir los sistemas propiedad de haitianos para tener un impacto sostenible y un cambio institucional fundamental”, agrega.
Esta planificación por fases “permitirá al gobierno de Estados Unidos adaptarse a las circunstancias cambiantes sobre el terreno, incluyendo aprovechar los objetivos de oportunidad”.
Para Estados Unidos la solución a la problemática haitiana debe venir directamente de sus ciudadanos, por lo que se buscará involucrar a “líderes reformistas a nivel nacional y local. Este plan describe un enfoque de colaboración local para involucrar a una amplia representación de partes interesadas posible, asegurando que los haitianos sean los protagonistas en la creación e implementación de la senda de desarrollo de su país”.
Para ello, serán incluidos en el proceso la sociedad civil haitiana -incluidos grupos religiosos y Organizaciones No Gubernamentales-, así como donantes internacionales, organizaciones de la diáspora haitiana y organizaciones multilaterales.
Estados Unidos se compromete a “aplicar un enfoque gradual y enfocado, centrarse en el progreso en lugar de los programas, buscar innovación mientras se escala el éxito, estimular un mayor nivel de coordinación interna del Gobierno de los Estados Unidos, priorizar soluciones impulsadas localmente y fomentar la coordinación internacional”.
El plan propuesto por Estados Unidos parte del reconocimiento de los problemas de seguridad que hay en Haití, por lo que deja abiertas las posibilidades.
“Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos tienen la intención de adaptarse al entorno cambiante en el terreno. Donde exista la oportunidad de lograr un mayor impacto, el Gobierno de Estados Unidos aumentará el apoyo, y donde los esfuerzos sean menos exitosos, reducirá o terminará la programación o cambiará los enfoques. Un monitoreo, evaluación y aprendizaje rigurosos serán fundamentales para el éxito de este plan. Nos aseguraremos de aprender lecciones de los esfuerzos anteriores en Haití y alimentarlas en el desarrollo de programas y políticas, tanto en la fase de diseño como a través de la adaptación en tiempo real”, concluye la comunicación oficial.
El diario The Miami Herald publicó el viernes que Estados Unidos habría cambiado su posición con relación a una posible intervención armada en Haití y que ahora evalúa la posibilidad de dar un paso en esa dirección.
Mientras, hoy se dio a conocer que un narcotraficante convicto se declaró culpable el viernes en una corte federal de Estados Unidos de participar en el asesinato del presidente de Haití en 2021. Rodolphe Jaar, de 50 años, se declaró culpable en Miami de proporcionar apoyo material, de asociación delictuosa para proporcionar apoyo material y de conspirar para secuestrar y matar al presidente Jovenel Moïse, según registros oficiales.
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