EFE“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo de 2019 por la denominada “causa Vialidad”.
Según el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la “jefa” de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de “alta jerarquía” -para quienes el fiscal también solicitó diversas penas- y que actuó por los móviles del “ánimo de lucro y la codicia”.
Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Pidió asimismo que se decomisen bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (36,4 millones de dólares), cifra a la que, según la Fiscalía, llegó el fraude orquestado por esta “asociación ilícita”.
CORRUPCIÓN SISTEMÁTICA
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
“Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”, aseveró el fiscal.
Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado” y un “desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal”.
EL GOBIERNO DEFIENDE A LA VICEPRESIDENTA
El fiscal cuestionó al presidente argentino, Alberto Fernández, por decir, al testificar en este juicio, que la política pública en materia de contrataciones no puede ser revisada por la Justicia.
“Evidentemente, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados y del grave perjuicio ocasionado al Estado”, dijo.
Tras el alegato del fiscal, el Gobierno difundió un comunicado en el que mostró su apoyo a la vicepresidenta ante la “persecución judicial” en su contra y afirmó que “ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”.
A título personal, Alberto Fernández expresó su “más profundo afecto y solidaridad” a la vicepresidenta, quien mantiene abiertas diferencias con el jefe de Estado.
Otros dirigentes del frente oficialista, como el ministro de Economía, Sergio Massa, también cuestionaron el alegato del fiscal.
En tanto, dirigentes opositores salieron a apoyar el accionar de la Justicia, al tiempo que un grupo de manifestantes se reunió a las puertas del edificio donde reside la vicepresidenta en Buenos Aires para celebrar el pedido de condena para la exmandataria.
RECHAZO AL PEDIDO DE LA DEFENSA
Al concluir el alegato de Luciani, el abogado defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, solicitó al tribunal que se le otorgara a la vicepresidenta la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Pero los jueces rechazaron el pedido, por lo que los alegatos de las defensas se iniciarán el 5 de septiembre.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, dijo la vicepresidenta en su cuenta en Twitter.
Anticipó que este martes, a través de las redes sociales, demostrará por qué le “están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion” de la Fiscalía.
Cristina Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.
En caso de que fuera condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
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