Autoridades “se hacen las locas” con el atropello del canòdromo

Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasa­do, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una la­bor normal de la prensa pa­ra investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se con­virtió en una agresión, des­pojo de equipos de trabajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Di­gesett) que retienen vehí­culos en el Canódromo El Coco impidieron violenta­mente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.

Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por vi­deos que inundaron los me­dios de comunicación y las redes sociales.

Lo que siguió al atropello fue la destitución de la coro­nela Ysabelita de los Santos Pérez y luego el traslado de todo el personal que pres­taba servicio allí. Al día si­guiente de retener el equipo de Listín Diario y CDN, ofi­ciales de Digesett los devol­vieron, pero habían borrado la data del celular, en un ac­to de censura previa inadmi­sible donde se respeta la li­bertad de prensa.

Director se disculpa
El director de la Digesett, ge­neral de la Policía Ramón Antonio Guzmán, visitó por separado al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y al di­rector del Listín Diario, Mi­guel Franjul, a quienes pidió excusas públicas por el atro­pello y prometió sanciones para los culpables.

Como parte de la pesqui­sa la fiscalía de Asuntos In­ternos remitió al Instituto Nacional de Ciencias Foren­ses (INACIF), el teléfono ce­lular del Listín Diario, donde se denuncia fueron borrados los vídeos y fotografías del incidente, para ser sometido a prueba forense.

La autorización para el análisis forense fue hecha por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instruc­ción del Distrito Nacional, Kenya Romero, tras la solici­tud de la fiscal Santa Reyes, coordinadora de Asuntos In­ternos de la Fiscalía.

Igualmente ha sometido a interrogatorios a los agen­tes de la Digesett que se en­contraban de servicio el día que el Defensor del Pueblo y su personal se presentaron a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canó­dromo), tras denuncias de irregularidades.

También han sido en­trevistado el personal que acompañó a Ulloa el día que se produjo el incidente, don­de además fue agredida la periodista del Listín Diario, Lourdes Aponte, el fotógrafo Raúl Asencio, y Víctor Olivo reportero gráfico de CDN, quienes también fueron en­trevistados.

Comisión
Entre las acciones que se han desprendido del suce­so, resalta la creación de una comisión de institucio­nes gubernamentales para desarrollar los trabajos de elaboración de un plan que permita solucionar la pro­blemática de la retención y devolución de vehículos en el centro de retención vehi­cular de la Dirección Gene­ral de Seguridad de Trán­sito y Transporte Terrestre (Digesett), el Canódromo El Coco.

El grupo de trabajo quedó conformado por represen­tantes de la Contraloría Ge­neral de la República, el Mi­nisterio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pue­blo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terres­tre (Intrant) y la Digesett.

Esta comisión se reunió el 29 del pasado mes y avan­zaron que en el próximo en­cuentro, que aun no se ha efectuado, se designarían los grupos de trabajo para cada centro de retención.

Entrega de vehículos
Asimismo, se examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciu­dadanos que demuestren la documentación que los acrediten como sus legíti­mos propietarios.

SEPA MÁS
Acusa a la Policía
El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se entur­bió en las últimas sema­nas debido a ataques de agentes de Policía a pe­riodistas, denunció la Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año.

El motivo
En su documento, que será sometido a apro­bación en la próxima reunión semestral de mitad de año, la SIP subrayó que policías re­primieron y despojaron de sus equipos de traba­jo a reporteros del Listín Diario y de varios noti­cieros de televisión que acompañaban al defen­sor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una inspección a un depósito de vehículos que son rete­nidos por violaciones a la ley de tránsito.

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