El régimen sirio admite por primera vez la muerte de cientos de jóvenes bajo su custodia

Desde mayo, el registro central ha emitido al menos 790 partes de defunción, según datos de la Red Siria para los Derechos Humanos (RSDH). Esta ONG cifra en 82.000 los desaparecidos en las celdas gubernamentales durante una contienda que entrado el octavo año arrastra medio millón de muertos —un tercio de ellos civiles—. Tras cinco años de tormentosa espera, sus familias claman justicia para los muertos y libertad para los que siguen entre rejas.

Yahia Charbahi es uno de los jóvenes cuya familia ha recibido el temido parte de muerte. No se especifica ni la causa ni el lugar del deceso. Su nombre ya resonaba entre el reducido grupo de activistas de Siria cuando Bachar el Asad sucedió a su padre en la presidencia en el año 2000. “En 2006 ya había cumplido tres años entre rejas por ‘ataques al orden ciudadano’ y fue expulsado de la Universidad de Damasco”, cuenta su primo Eiad Charbahi en una conversación vía Whatsapp desde EE UU.

Con la ola de revueltas populares que se extendió por la región en 2011 y sacudió Siria en el mes de marzo, Yahia retomó las calles junto al círculo de amigos que se convertirían en prominentes altavoces de las protestas. Contrarios a una deriva violenta de manifestaciones pacíficas, se dieron a conocer por distribuir flores y botellas de agua entre los soldados. El 6 de septiembre de 2011, Guiath Matar, junto con Yahia y Maan Charbaji fueron los primeros en desaparecer a bordo de furgonetas, apresados por agentes ataviados de paisano. “Ese mes, los mujabarat devolvieron el cuerpo de Ghiath a su familia, degollado aunque en el certificado médico ponía ‘muerte por fallo cardiaco’. Tenía 26 años”, dice Eiad Charbahi.
El pasado mes de mayo y sin previo aviso, el régimen sirio comenzó a inscribir en el registro civil central los partes de defunción de jóvenes desaparecidos en el agujero en el que se ha convertido  el inextricable sistema carcelario contra el que luchan en vano sus familias. Para algunos expertos se trata de un reconocimiento implícito por parte del Gobierno de Bachar el Asad de la desaparición de miles de jóvenes tras la revolución. ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch responsabilizan a Damasco de 13.000 muertos bajo su custodia. Y todo esto, en una coyuntura en la que sus tropas prometen ganar la guerra y recuperar el control del país.
En cuanto a Charbahi, es de la idea de que “van a matar a todos los presos porque el régimen no quiere incómodos testigos que empañen su victoria”. Para otros, la repentina emisión de certificados está relacionada con las demandas de la oposición en las negociaciones de Ginebra y Astaná y orientadas a aliviar a las mujeres e hijos de los desparecidos en Siria. Para éstos, emprender todo proceso burocrático, como un registro de propiedad o cobrar una herencia, topa con un callejón sin salida en tanto no dispongan de un documento oficial que ateste la muerte de sus congéneres. Una hoja con una fecha es todo lo que han obtenido. Ni rastro de sus cuerpos o fotos que corroboren su muerte.

Sin cuerpos que enterrar

Para los Jolani, la prueba definitiva llegó en 2014 de mano del informe César; nombre del fotógrafo militar que logró huir de Siria con 55.000 imágenes de 11.000 presos supuestamente ejecutados en cárceles gubernamentales. Este informe supone la prueba más sólida en el caso abierto por allegados para juzgar a los verdugos en Siria. Amina Jolani es una de ellas. Ha perdido a tres de sus cuatro hermanos en las cárceles sirias. Mohamed, de 35 años, Abdulsatar, de 30, Bilal, de 25 y Mayed, de 20, les fueron sucesivamente arrebatados y encarcelados.

“Cientos de miles de libras sirias en sobornos y ocho meses después”, Bilal fue el único que sobrevivió, en un lamentable estado de salud, a la maquinaria carcelaria. “Nuestro hermano Mohamed murió  sobre su regazo en la celda al volver de una brutal sesión de torturas”, solloza Amina contactada por teléfono en Gran Bretaña. La foto de un escuálido Mohamed con un número escrito a bolígrafo sobre la frente fue difundida con el informe César. Los Jolani acaban de recibir los partes de muerte de sus otros dos hermanos. Fecha de defunción: el 15 de enero de 2015, a las 22.00.
Estos testimonios coinciden con los de Omar Shogre, uno de los supervivientes del infierno en vida que contra todo pronóstico superó para poder contar los tres años y medio que pasó en 11 centros de detención diferentes. “Allí la muerte es lo mejor que te puede pasar”, resume en una entrevista telefónica desde Estocolmo. Durante un periodo, el joven fue el encargado de acarrear los cuerpos de aquellos presos que sucumbían a la tortura, enfermedades y hambruna en el cuartel 215 para después depositarlos en furgonetas. “Cada mañana sacábamos entre 30 y 40 cuerpos”, rememora. “Teníamos que escribir un número con un rotulador en sus frentes que quedaba asociado a otro en una lista que tenían los carceleros con los nombres”, apostilla.
La solidaridad entre quienes han compartido el infierno en la tierra es inagotable. El Shogre memorizó 120 nombres y direcciones de compañeros de celdas durante sus tres años y medio de encarcelamiento. Algunos de ellos extranjeros. Lo primero que hizo en libertad, con 35 kilos de peso y una tuberculosis aguda, fue localizar a sus familias. “Han pasado tres años y todavía sigo recibiendo en Facebook mensajes de desesperados familiares que me mandan fotos con la esperanza de que pueda ubicar a sus allegados en alguna de las cárceles en las que estuve”, lamenta Al Shogre.

DIEZ FAMILIAS DE DESPARECIDOS SE UNEN PARA EXIGIR JUSTICIA Y LIBERTAD

N.S., BEIRUT

Al grito de justicia, 10 mujeres se han unido en la organización Familias por la Libertad y exigen tribunales que juzguen a los verdugos y la inmediata liberación de los presos que siguen con vida. La estampa de estas ojerosas pero determinadas mujeres cargadas con las fotos de sus hijos o maridos cuidadosamente enmarcadas es la misma que durante décadas protagoniza las familias de los más de 600 desaparecidos libaneses. Se esfumaron en las celadas de los servicios de inteligencia sirios en las décadas de los 80 y 90, cuando patrullaban medio Líbano, y fueron posteriormente traslados a las cárceles en Siria.
La abogada y activista Nura Ghazi es una de las cofundadoras. “El artículo 39 de la legislación civil estipula que la causa de defunción no ha de aparecer en el registro civil cuando se trate de una sentencia a muerte”, explica al teléfono y en Beirut esta letrada cuyo marido y renombrado defensor de los derechos humanos, Basel Khatib Safadi, fue condenado a muerte el año pasado.
La Red Siria para los Derechos Humanos cifra en “82.000 los desparecidos por la fuerza en las mazmorras del régimen de Bachar el Asad”. Por su parte, el director del registro civil central, Ahmed Rahal, ha cifrado esta semana en 68.000 los decesos registrados el año pasado, sin precisar las causas. En 2018 se elevan a 32.000, según sus declaraciones al diario progubernamental Al Watan.
“¿Qué justicia?”, exclama a teléfono y desde EE UU Eiad Charbahi, quien hace inventario familiar: “De los siete hermanos que vivíamos en el mismo edificio en Daraya, dos han muerto en las cárceles y cinco hemos huido a Turquía, a Alemania, Arabia Saudí, Holanda y yo a EEUU. Un primo sigue desaparecido y otros dos también muerto en prisión”.
AVISO: Si usted quiere recibir las noticias de EL GRANERO DEL SUR en su WhatsApp, escríbanos un mensaje con su nombre al WhatsApp: (829)-577-5416 y las noticias le llegarán automáticamente.-