Cámara de Cuentas adulteró auditorías para encubrir ex funcionarios

Un comunicado de la Procuraduría General de la República expresa que sus fiscales han detectado “indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes”.

Agrega el comunicado que las indagatorias contra la Cámara de Cuentas, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, “apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos”

Especifica que las investigaciones “han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas.

Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas.

También a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.

Interrogatorios

A mediados de diciembre, el ministerio público comenzó a interrogar al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz, como parte de una investigación contra los miembros del organismo fiscalizador del Estado “por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”.

“Los funcionarios fueron citados a fin de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”, dijo entonces la Procuraduría General en un comunicado.

La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública. Los fiscales han remitido reiteradas comunicaciones en las que solicitan información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, “teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, apuntó la Procuraduría.

Sanciones previstas

“La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”, establece el artículo 188 del Código Penal.

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