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Jueza no quiso estudiar archivos definitivos en caso Odebrecht

Se inhibió de conocer el caso por sus vínculos directos con Ruddy González, uno de los favorecidos con el recurso

La magistrada inhibida, Keila Pérez Santana, estaba a cargo de conocer la solicitud de revocar el archivo definitivo contra ocho acusados en el caso por corrupción vinculado a Odebrecht. (Foto: Fuente externa)

SANTO DOMINGO.- La jueza Keila Pérez, quien serviría de mediadora para estudiar la objeción a los archivos definitivos del caso Odebrecht, se inhibió de conocer el caso por sus vínculos directos con Ruddy González, uno de los favorecidos con el recurso.

Así lo informó el abogado José Valdez, defensor de otro de los favorecidos, Máximo D’Oleo, al afirmar que la jueza Pérez se inhibió del caso amparada en el artículo 78 del Código Procesal Penal en virtud de que su relación con Ruddy González podría afectar la decisión que se tome al final del juicio.

El abogado explicó que con esta inhibición de la magistrada Pérez, la decisión queda en manos del juez coordinador para que éste redirija otra vez el proceso y asigne otro juez para el caso o reconfirme a Pérez en el litigio.

Por esta inhibición de la jueza, el conocimiento del proceso queda pospuesto para el próximo 21 de diciembre en la misma sala de audiencias.

En cuanto a la legalidad o no de los archivos definitivos, el defensor de Máximo D’Oleo garantizó que estos archivos se realizaron bajo una sustentada investigación que llevó a las pasadas autoridades de la Procuraduria General de la República (PGR) tomar la decisión.

Asimismo, explicó que las autoridades determinaron el archivo definitivo porque “no existen suficientes pruebas” para mantener a los mencionados en el caso.

Los archivos definitivos se efectuaron en favor del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Ruddy González, el exsenador Julio César Valentín, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos.

Cuando se reaperturó el juicio por el caso Odebrecht, el magistrado Camacho, titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) denunció que los archivos definitivos presentaban “ciertas irregularidades” y que, por tanto, debían investigarse a profundidad.

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