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El expresidente que lavó más de 300 millones de dólares usó a República Dominicana y un periodista
EFE
San Salvador, El Salvador.-Un cómplice del expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009), en la malversación de más de 300 millones de dólares, aseguró este martes ante un tribunal que una empresa “simuló” prestar servicios en República Dominicana y otros países para blanquear los fondos desviados.
En el caso está involucrado un periodista salvadoreño, Jorge Hernández, quien cobró notoriedad como comentarista de la televisión.
El fiscal David Ramírez detalló a la prensa que el cómplice de Saca, quien se acogió al “criterio de oportunidad” para no ser procesado, relató ante los jueces este “esquema de lavado de dinero” iniciado en 2006.
“Se ha establecido como esquema de lavado de dinero la utilización de empresas que simulaban prestación de servicios de cobro en el extranjero” y los fondos supuestamente cobrados “posteriormente eran trasladados” a empresas de Saca, señaló el fiscal.
Apuntó que la “credibilidad” que le ha dado la Fiscalía al testigo, cuya identidad se mantuvo en reserva, “estriba en la participación directa que tenía en estas sociedades” y que “tuvo contacto directo con Saca”, situación que “se ha logrado corroborar con otros elementos”.
El testimonio de esta persona es el único al que la prensa no ha tenido acceso desde la instalación del juicio el pasado 7 de agosto, dado que los detalles de su declaración serán utilizados en otro proceso en el que tiene secreto de sumario.
Una testigo protegida, identificada únicamente como “Olimpo”, ratificó las declaraciones del cómplice de Saca y señaló que la empresa pertenecía al exentrevistador de televisión Jorge Hernández, procesado en otro tribunal por lavado de dinero.
Explicó que la sociedad de Hernández simuló el cobro de más de 5,9 millones de dólares de “mora” en el resto de Centroamérica y República Dominicana, y que se quedó con una comisión del 15 por ciento.
El resto de dinero se trasladó a varias empresas que sirvieron como “testaferros” a Saca, según admitió el propio ex jefe de Estado el pasado 9 de agosto al confesar los delitos de peculado y lavado de dinero, y después estas transfirieron los fondos a otras sociedades del exmandatario.
La testigo, quien aseguró que trabajó para la empresa de Hernández, relató que el “negocio ilícito” fue pactado en mayo de 2006 y se extendió hasta el 2008, y que el exentrevistador de televisión sabía que los fondos provenían del Estado.
Estos testigos forman parte de los más de 100 que la Fiscalía tenía previsto llamar a declarar al juicio, pero los fiscales decidieron reducir el número a 25 en razón de un trato alcanzado con Saca y otros 5 procesados.
Los imputados, a excepción del exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, aceptaron confesar a cambio de someterse a un “juicio abreviado” y recibir condenas de entre 10 y 3 años de cárcel.
El resto de imputados son los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, además del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y exjefe de la Tesorería Jorge Alberto Herrera.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar en una corte delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de la instalación.
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El fiscal David Ramírez detalló a la prensa que el cómplice de Saca, quien se acogió al “criterio de oportunidad” para no ser procesado, relató ante los jueces este “esquema de lavado de dinero” iniciado en 2006.
“Se ha establecido como esquema de lavado de dinero la utilización de empresas que simulaban prestación de servicios de cobro en el extranjero” y los fondos supuestamente cobrados “posteriormente eran trasladados” a empresas de Saca, señaló el fiscal.
Apuntó que la “credibilidad” que le ha dado la Fiscalía al testigo, cuya identidad se mantuvo en reserva, “estriba en la participación directa que tenía en estas sociedades” y que “tuvo contacto directo con Saca”, situación que “se ha logrado corroborar con otros elementos”.
El testimonio de esta persona es el único al que la prensa no ha tenido acceso desde la instalación del juicio el pasado 7 de agosto, dado que los detalles de su declaración serán utilizados en otro proceso en el que tiene secreto de sumario.
Una testigo protegida, identificada únicamente como “Olimpo”, ratificó las declaraciones del cómplice de Saca y señaló que la empresa pertenecía al exentrevistador de televisión Jorge Hernández, procesado en otro tribunal por lavado de dinero.
Explicó que la sociedad de Hernández simuló el cobro de más de 5,9 millones de dólares de “mora” en el resto de Centroamérica y República Dominicana, y que se quedó con una comisión del 15 por ciento.
El resto de dinero se trasladó a varias empresas que sirvieron como “testaferros” a Saca, según admitió el propio ex jefe de Estado el pasado 9 de agosto al confesar los delitos de peculado y lavado de dinero, y después estas transfirieron los fondos a otras sociedades del exmandatario.
La testigo, quien aseguró que trabajó para la empresa de Hernández, relató que el “negocio ilícito” fue pactado en mayo de 2006 y se extendió hasta el 2008, y que el exentrevistador de televisión sabía que los fondos provenían del Estado.
Estos testigos forman parte de los más de 100 que la Fiscalía tenía previsto llamar a declarar al juicio, pero los fiscales decidieron reducir el número a 25 en razón de un trato alcanzado con Saca y otros 5 procesados.
Los imputados, a excepción del exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, aceptaron confesar a cambio de someterse a un “juicio abreviado” y recibir condenas de entre 10 y 3 años de cárcel.
El resto de imputados son los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, además del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y exjefe de la Tesorería Jorge Alberto Herrera.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar en una corte delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de la instalación.
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