SANTO DOMINGO. La Justicia Penal dominicana es la cara de la pobreza, pese a eso, hay quienes se aprovechan de “los infelices” o de sus familiares para obtener recursos económicos a cambio de un “flaco” servicio ante un tribunal o Ministerio Público.
A diciembre del año 2017, la Oficina Nacional de la Defensa Pública recibió 8,690 casos de imputados que fueron abandonados por sus abogados particulares. De ese total 6,505 fueron por disposición de los tribunales ordinarios y de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, tras decretar el abandono de la defensa privada.
La Defensa atendió entre enero del 2015 y diciembre del 2017 un total de 27,049 casos remitidos por tribunales de la república y por los propios imputados que una vez contrataron una defensa privada, según estadísticas suministradas por la institución.
Es común ver a togados abordando a imputados que llegan a los palacios de justicia de las diferentes jurisdicciones del país a tempranas horas de la mañana o en horas de la tarde antes de que se les fije audiencia de solicitud de medida de coerción. El objetivo es asumir su defensa pero en la mayoría de casos no les dicen a esos posibles clientes que el servicio es solo por la coerción, explicaron jueces y abogados cuestionados al respecto.
“Básicamente lo que ocurre es que los abogados le cobran, la generalidad, por etapas del proceso pero no le explican eso al imputado porque el imputado generalmente, salvo que tenga conocimiento de los procesos penales, entiende que ese es mi abogado”.
“Antes de una medida tú tienes que tener tus chelitos en mano”, comentó uno de los abogados que diariamente están en el Palacio de justicia del Distrito Nacional y a quien los agentes policiales describen como “abogado chincha” (antiguamente llamados abogados picapleitos).
Estos tipos de defensores privados son los que por lo regular establecen contratos verbales con sus clientes y una vez conocen la medida no vuelven a tener contacto nunca más con el acusado.
“Básicamente lo que ocurre es que los abogados le cobran, la generalidad, por etapas del proceso pero no le explican eso al imputado porque el imputado generalmente, salvo que tenga conocimiento de los procesos penales, entiende que ese es su abogado. Pero ese abogado no se presenta a la revisión de medida de coerción o a las demás cuestiones que se den y cuando tú le cuestionas al imputado, sea libre o en prisión preventiva, lo que te señala es que él no volvió a ver a su abogado y que él entendía que iba a estar aquí porque en la audiencia le dijeron la fecha de cuando es”, explicó la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
La cantidad de casos que llega a la Defensa Pública ha enfrentado públicamente a esa entidad con el Colegio de Abogados porque el Colegio considera que hay favoritismo hacia quienes ejercen el derecho en representación del Estado dominicano.
