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Dos empleados de aduanas son cabecillas de mafia contrabandeaba vehículos de lujo

SANTO DOMINGO. Dany Lestian Díaz de los Santos y Juan García Tejada (ambos en libertad) son los agentes aduaneros vinculados a empresas que tienen que ver con la compra e importación de vehículos y servicios aduanales que están siendo señalados por las autoridades como los cabecillas de una red mafiosa internacional, que contrabandeaba vehículos al país en contubernio con empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Como parte de esta red que supuestamente estafó a cientos de personas, recientemente la DGA reveló que canceló y puso a disposición de la justicia a cuatro empleados de esa institución, entre ellos el encargado de seguridad de la DGA en el Puerto Santo Domingo, Ramón Antonio Ortega Báez; el supervisor de esa misma área, Máximo Aníbal Medina Cuevas; además de los subalternos en seguridad Francisco José Ureña Rosario y Joel Ramón Cuello Reyes. Este último estaba prófugo y fue apresado ayer.
Las autoridades creen que podría haber más personas implicadas y trabajan para identificarlas y capturarlas.
Modus Operandi
El agente aduanero Díaz de los Santos es el director en el país de la compañía DYS Services que se dedica a exportar e importar todo tipo de vehículos. Según consta en los documentos judiciales, Díaz de los Santos se asoció con Juan García Tejada para traer al país autos no aptos para circular en sus países de procedencia debido a que han sido chocados o sufrieron daños en inundaciones, incendios o catástrofes naturales.
Las autoridades judiciales plantean que estos agentes aduanales sabían que está prohibida la importación de esos vehículos. El Decreto presidencial 671-02 establece en su artículo número uno que los vehículos en esas condiciones constituyen un peligro para la salud ciudadana y el medio ambiente.
Ortega Báez, encargado de seguridad de la DGA en el Puerto Santo Domingo y su ayudante Medina Cuevas, habían sido designado en 2013 como encargados de un cuerpo de seguridad cuya función era verificar los vehículos que llegaran en esas condiciones y trasladarlos hasta el Puerto de Haina Oriental para reenbarcarlos a su país de origen, tal y como lo manda la circular de la DGA 9017 de julio de 2013.
Los dos agentes aduanales les informaban a Ortega Báez y a Medina Cuevas el tipo de vehículo defectuoso que habían contrabandeado. Estos dos utilizaron su función para ordenar a José Ureña y Joel Cuello Reyes, mediante carta de ruta, el traslado de los vehículos al Puerto de Haina Oriental, pero previo acuerdo les indicaban que debían distraer o desviar los envíos y entregárselos a los dos agentes aduanales, de acuerdo con expedientes.
Cuando José Ureña y Joel Cuello entregaban los vehículos a los dos agentes aduanales estos les entregaban entre RD$25,000 y RD$45,000 dinero que se repartían entre los cuatros seguridad de la DGA.
Evasión de 12 millones
Aunque las investigaciones a penas inician, las autoridades han detectado que al menos 12 vehículos de diferentes modelos y años entraron al país a través de esa supuesta red mafiosa.
Las indagatorias también indican que al recibir los vehículos, los importadores Díaz de los Santos y Juan García se las ingeniaban y le sacaban documentos originales (matrículas) a los vehículos sin que la DGA recibiera el pago de impuestos correspondientes.
Estiman que el Estado dejó de percibir la suma provisional de RD$11, 525,002 correspondiente a impuestos que vehículos contrabandeados por la red dejaron de pagar.
Los modelos de los vehículos
Entre los vehículos traficados figura una yipeta Toyota 4Runner 2014; una yipeta Lexus LX 570 del 2017; dos yipetas Honda CR-V 2013; un carro Honda Civic 2013; una yipeta Honda CR-V 2015; un Jeep Cheeroke 2015; carro Toyota Corolla del 2016; un Jeep Wrangler del 2013; un carro Honda Civic del 2016; un carro Honda Accord del 2016; un carro Honda Civic del 2014, entre otros vehículos.
Mediante las investigaciones de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público han logrado recuperar 11 de estos vehículos, según consta en los documentos judiciales del caso.
Las autoridades han informado que las investigaciones a penas comienzan y creen que en la supuesta red hay más personas involucradas.

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