La orden fue girada horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó por votación de 6-5 una solicitud de Lula de no ir a la cárcel mientras apela una sentencia de culpabilidad por corrupción, la cual él alega es sólo una maniobra para impedir que su nombre aparezca en las boletas.
Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas para que se presente ante la policía federal en la ciudad sureña de Curitiba. En una nota, el magistrado dijo que le está dando la oportunidad de entregarse voluntariamente porque fue presidente del país.
El año pasado, Moro declaró culpable a Lula de hacer favores a una compañía constructora a cambio de la promesa de un apartamento en la playa. Un tribunal de apelaciones refrendó dicha declaración de culpabilidad en enero.
La velocidad con la que Moro emitió la orden de arresto sorprendió a muchos, ya que según algunos expertos en derecho, hay cuestiones técnicas de la apelación de Lula que no prosperó que no serán solucionadas sino hasta la semana próxima.
Dichos detalles técnicos son “simplemente una patología que debería ser eliminada del mundo judicial”, afirmó Moro en su declaración.
Minutos después de que el juez emitió la orden de arresto, se desató un pleito frente al Instituto Lula en Sao Paulo entre provocadores y partidarios del exmandatario. Uno de los alborotadores recibió un puñetazo en el rostro y mientras caía fue golpeado por un vehículo que pasaba. Se le trasladó a un hospital cercano y la policía llegó.
“Nunca he visto este tipo de odio antes”, dijo Mariella Sanches, que vendía helados en el lugar donde ocurrió la trifulca. “¿Por qué la gente no puede llevarse biené”. El arresto de Lula marcará una caída colosal para el hombre que encabezó al país más poblado de Latinoamérica entre 2003 y 2010 y que dejó el puesto con un índice de aprobación superior al 80%.
El expresidente estadounidense Barack Obama alguna vez dijo que Lula era el “político más popular sobre la Tierra”. Desde que dejó el puesto, las cosas han ido cuesta abajo para Lula, que ha sido acusado en varios casos de corrupción. Siempre ha defendido su inocencia, y ha seguido en campaña por todo el país el último año.
A pesar de sus problemas legales, aún encabeza las encuestas de opinión rumbo a la presidencia, si es que se le permite postularse.
Horas antes, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, advirtió que encarcelar a Lula convertiría a Brasil en un “país bananero”. Los abogados del exmandatario emitieron varias declaraciones en las que afirmaron que estaban presentando interdictos con la esperanza de evitar que vaya a la cárcel.
“Consideramos esto un encarcelamiento por móviles políticos, un encarcelamiento que pondrá en evidencia a Brasil ante el mundo”, dijo Hoffmann. “Nos convertiremos en un país bananero”. Hoffman también insistió en que Lula, de 72 años, sería el candidato del partido en octubre. El exmandatario no ha hecho declaraciones desde el fallo.
Al igual que tantas cosas más en una nación que está profundamente dividida, la realidad de que el otrora popular líder será encarcelado fue interpretada en forma distinta por partidarios y detractores.
“Brasil anotó un gol contra la impunidad y la corrupción”, dijo el congresista Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército de tendencia derechista que va en segundo sitio en las encuestas detrás de Lula.
Mariana Setra, partidaria del expresidente en Sao Paulo, consideró que la decisión del Supremo Tribunal es “ridícula”. “Fue aplicada a una sola persona”, señaló. “Como si Lula fuese el único ladrón en este país”.
Lula es uno de muchos personajes renombrados de Brasil en verse envueltos en el que posiblemente sea el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. Durante los últimos cuatro años, los brasileños han atestiguado operativos policiales y arrestos casi semanales de miembros de la élite, sean políticos o empresarios como Marcelo Odebrecht, ex director general de la constructora Odebrecht.
Los investigadores detectaron una amplia red en la que empresas de la construcción prácticamente formaban un cártel que generaba contratos inflados de la petrolera estatal Petrobras a cambio de sobornos a políticos y empresarios.
Muchos brasileños consideran un héroe a Moro, que preside juicios en la pesquisa llamada “Operación Autolavado”. Otros, en especial en la izquierda, lo ven como un mercenario partidista enfocado en hundir a Lula y al Partido de los Trabajadores.
La lista de funcionarios en el escándalo incluye a personas de diversos sectores de la élite, incluido el presidente Michel Temer, que asumió el poder en 2016 después que la sucesora y protegida de Lula, Dilma Rousseff, fue sometida a un juicio político y destituida.
El año pasado, Temer fue acusado dos veces de corrupción, pero permaneció en el puesto porque en ambos casos el Congreso, que debe votar en casos penales en los que esté involucrado un presidente en funciones, decidió que no fuera enjuiciado. Muchos legisladores han sido encausados por corrupción o se les investiga.
Lula fue declarado culpable en julio de ayudar a una constructora a obtener contratos a cambio de la promesa del apartamento. Él niega haber hecho nada ilegal en ese caso o en varios más por corrupción que aún no van a juicio. Un tribunal de apelaciones refrendó la declaración de culpabilidad en enero, y los tres magistrados que revisaron el caso incluso alargaron la sentencia a 12 años y un mes.
Técnicamente, la decisión del Supremo Tribunal Federal no impide que Lula esté en las boletas. En agosto, el máximo tribunal electoral del país tomará las decisiones finales acerca de los candidatos. Se prevé que rechace la candidatura de Lula por una ley que deja fuera a las personas a las que les fueron refrendadas sus declaraciones de culpabilidad. Sin embargo, Lula podría apelar dicha decisión, aunque hacerlo desde la cárcel sería más complicado.
El senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores, dijo que a partir del viernes se organizarán vigilias en todo el país.
“La gente quiere estar cerca del presidente Lula tras esta injusticia”, afirmó.
Está por verse si el Partido de los Trabajadores podrá movilizar grandes manifestaciones. Durante el juicio político a Rousseff en 2016, muchas protestas fueron pequeñas a pesar de las exhortaciones de importantes sindicatos para que la gente saliera a las calles.
