Defensa de Bautista dice que de 63 pruebas aportadas 53 han sido investigadas por MP

En la instancia depositada por ante el juez Alejandro Moscoso Segarra se establece, además, que el 10 (16%) son hechos incontrovertidos, irrelevantes para el proceso que se sigue en ese tribunal especial que conoce el caso de Bautista y otros coacusados, afirmó el consejo de defensa.

Dentro de los hechos ya investigados por el Ministerio Público, y decididos de manera definitiva mediante el auto No.03093, de fecha 13 de agosto de 2012, se encuentran informes emitidos por la Superintendencia de Bancos de todos los imputados, a los cuales se le practicaron auditorías durante el año 2012 y que el Ministerio Público lo incluyó nuevamente en la acusación como prueba a cargo, lo que evidencia una doble persecución.

Otro hecho relevante que fue investigado y decidido y que aparecen en el documento, según los abogados, son las certificaciones emitidas en el año 2012, por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Comercio  y Producción de Santo Domingo, donde se estableció que el senador Bautista no es ni socio ni accionista de la mayoría de las empresas enumeradas por el Ministerio Público en su acusación y que además, no es dueño de la mayoría de las propiedades y bienes que se le atribuyen.

Aducen que esas mismas certificaciones fueron nuevamente colocadas en la acusación, lo que pone de manifiesto la doble persecución.

Señalan que las certificaciones establecieron además, que las empresas donde el senador Bautista es accionista, nunca han tenido relaciones de negocios con el Estado dominicano,  y que sus movimientos bancarios son producto de sus actividades privadas.

En el documento se describen las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la respuesta que aparece en el auto No.03093 a cada una de ellas.

Expresaron los abogados que todos los imputados, a los cuales el Ministerio Público les presentó acusación y sus respectivas empresas, fueron investigados en el año 2012, por lo que haberlos acusado de nuevo se estaría frente a una violación al principio universal que establece que una persona no puede ser juzgada ni perseguida dos veces por los mismo hechos.

“La Constitución dominicana y el Código Procesal Penal  consagran este principio”, enfatizan.