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Los estadounidenses popularizaron el término smoking gun, pistola humeante, para referirse a aquella prueba concluyente capaz de resolver más allá de toda duda una investigación penal. En Brasil, como en EE UU, abundan las armas, pero la idiosincrasia del país es muy diferente y aquí han acuñado otra expresión para referirse a lo mismo: batom na cueca, literalmente, pintalabios en el calzoncillo. La frase se escucha a menudo cuando se trata de casos de la Operación Lava Jato, la gran investigación contra la corrupción, porque muchas veces se trata de asuntos enmarañados, en los que se acumulan las sospechas, pero en los que resulta muy difícil encontrar un batom y una cueca.
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El caso que ha provocado la condena del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel no es una excepción. Buena parte del material probatorio contra él proviene de la confesión del expresidente de una constructora que pactó beneficios penitenciarios. El empresario, Léo Pinheiro, logró rebajar su condena de ocho a cinco años de prisión . Su testimonio se produjo tras ser encarcelado por su implicación en la trama corrupta creada a través de los contratos de la petrolera pública Petrobras. La investigación sobre el apartamento atribuido a Lula se había abierto meses antes, a raíz de informaciones de prensa, y el juez estrella de la Lava Jato, Sérgio Moro, ya había mandado por sorpresa a la policía a casa del expresidente de Brasil para llevarle a declarar.
Tanto Moro, que condenó a Lula en primera instancia, como los tres jueces del tribunal de apelación que confirmaron la sentencia y elevaron la pena de 9 a 12 años de cárcel consideran probado que Lula recibió como soborno de la constructora OAS un apartamento en la playa. Las sentencias admiten que la contrapartida no está clara, pero insisten en que la OAS era una de las empresas que participaban del gran festín corrupto de la Petrobras y pagaban comisiones ilegales a políticos de diversos partidos.Lula se defiende alegando que ningún documento prueba que él sea dueño de ese apartamento, que nunca vivió en él y que ni siquiera tuvo las llaves. Su familia lo visitó dos veces, una de ellas con la presencia del propio expresidente. Lula explica que fue porque su fallecida esposa, Marisa Letícia, estaba empeñada en comprarlo, pero que él la disuadió tras encontrarle “500 defectos”.
El inmueble está situado en Guarujá, la playa más popular para los habitantes del área metropolitana de São Paulo, como parte de un conjunto residencial construido por una cooperativa de personas vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Entre ellas, la familia del expresidente, que pagó una entrada para hacerse con un apartamento de 80 metros cuadrados. La cooperativa quebró y sus promotores lograron que la OAS se hiciese cargo de ella. La constructora dio opción a recuperar el dinero invertido o a pagar el resto para quedarse con la propiedad.
La familia de Lula fue la única que no hizo ni una cosa ni la otra. Al tiempo, la OAS puso a la venta todos los demás apartamentos excepto un triplex de 240 metros cuadrados en la última planta. Según el expresidente de la constructora Leo Pinheiro, estaba reservado para regalárselo a Lula. El empresario aportó como pruebas diversos mensajes intercambiados con otros cargos de la constructora y con colaboradores de Lula que dan a entender alguna clase de acuerdo sobre el inmueble. El juez también valoró como prueba un borrador de contrato sobre el apartamento encontrado durante un registro en casa de Lula. El documento no tenía ninguna firma. En su afán de reunir elementos incriminatorios, Moro incluso valora como un indicio de culpabilidad las declaraciones de otros vecinos de la finca, que aseguraron que todo el mundo comentaba allí que la vivienda era de Lula.
El apartamento fue reformado tras una de las visitas de la familia del líder del PT con el fin, según Pinheiro, de satisfacer sus peticiones. Lo cierto es que ni Lula ni ninguno de sus parientes llegó a entrar nunca, aunque los jueces lo atribuyen a que Pinheiro fue detenido antes en una de las redadas anticorrupción. La fallecida esposa de Lula solo reclamó la devolución de la cantidad entregada para el apartamento original (209.000 reales, unos 53.000 euros al cambio actual) después del arresto del constructor, otro de los hechos que los jueces han considerado como claramente incriminatorios.
