Por: Mario Rivadulla
Abordar de nuevo el escabroso tema de la inmigración ilegal haitiana es como llover sobre mojado y por sus diversas implicaciones y las pasiones que despierta tanto en el plano nacional como internacional, y de manera específica, en las tan a menudo conflictivas relaciones con Haití, como caminar sobre arenas movedizas.
De unos días a hoy, el problema ha vuelto a resurgir con fuerza, ante la cada vez más notoria presencia haitiana en lugares públicos y el resurgimiento del temor sobre la a todas luces imposible fusión entre ambos países. Separados más que por la a todas luces inexistente frontera y al margen de resabios históricos, las grandes diferencias de cultura, educación, idioma, costumbres, formación ciudadana, condiciones sanitarias, economía, nivel de vida y potencial de progreso, son obstáculos imposibles a todo intento de integración.
Pero entrada ilegal es un hecho tan evidente como preocupante, por lo que no dejan de seguirse alzando voces representativas tanto del oficialismo como de la oposición, la Iglesia y distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo el Instituto Duartiano, reclamando del gobierno adoptar medidas urgentes para frenar la que se considera como “invasión pacífica” del territorio nacional no bien acogida por buena parte de la población.
De entrada tenemos que asumir la realidad de que estamos impuestos sin apelación a compartir el territorio que ocupamos. Y que la situación prevaleciente al otro lado de la isla es de extrema pobreza, y por consiguiente, resulta inevitable y un reto permanente que quienes allá aspiran a lograr mejores condiciones de vida traten de moverse hacia nuestro territorio, donde pese a nuestras limitaciones, esperan encontrar mejores oportunidades de subsistencia. Estos intentos no marcan diferencia con el sueño de progreso, tantas veces convertido en dolorosa tragedia, que tradicionalmente ha motivado a muchos dominicanos a arriesgar la vida en frágiles yolas para introducirse ilegalmente en Puerto Rico, burlando la vigilancia migratoria.
Es una tendencia inexorable que registra la historia en todas las épocas y que al presente, en distintas partes del mundo y ahora mismo, constituye uno de los principales quebraderos de cabeza de muchos otros gobiernos y países, principalmente en Europa y los Estados Unidos. Así como los primeros sufren una masiva invasión desde las costas africanas, arriesgando la travesía del Mediterráneo, y los mexicanos, cubanos y centroamericanos intentan burlar la vigilancia en la extensa línea divisoria estadounidense, los empobrecidos haitianos, carentes de otras opciones de acogida, van a tratar de seguir viniendo hacia nuestro país apelando a todas las formas posibles de entrada. Y es a nosotros, y no a ellos, a quienes corresponde enfrentar el problema en la justa defensa soberana de nuestra integridad como nación.
Es a nuestro gobierno y no al vecino, que por el contrario agobiado por su elevada tasa de natalidad promueve la emigración, al que toca sellar la frontera, de tal modo que no se permita la entrada al país de ningún ilegal. Menos aún en la forma masiva en que tradicionalmente ha venido ocurriendo a través de un contrabando de peaje, que por la facilidad y frecuencia con que tiene lugar, más se asemeja a giras turísticas que a intentos clandestinos. Esto así, en especial, la traída masiva de parturientas haitianas, casi siempre a punto de alumbrar y en la mayoría de los casos en precarias condiciones prenatales, que consumen buena parte del presupuesto de salud y a las que por elementales razones humanitarias, es imposible negarle asistencia.
Es a nuestro gobierno al que corresponde aplicar las leyes migratorias y laborales que nos hemos dado y que son desconocidas y violadas impunemente. Tal, la obligación de contratar un 80 por ciento de personal dominicano y un 20 extranjero, cuando en realidad ocurre al revés, comenzando por las propias obras públicas. En este sentido, resultaría conveniente despejar la incógnita de que si es cierto hasta cual punto la contratación de personal haitiano con salarios más bajos y en la mayoría de los casos, sin seguridad social ni cobertura de salud desplaza la mano de obra nacional, o si por el contrario y en qué proporción, suple la que esta rechaza realizar, principalmente en la arduas tareas que requieren el sector agrícola y la industria de la construcción.
Preciso, por consiguiente, que comencemos por respetar una política migratoria apegada a las normas vigentes que nos hemos dado por propia decisión y que paradójicamente somos los primeros en violar, aplicada sin abusos ni atropellos, con estricto respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos, pero mantenida de manera permanente y no por ocasionales episodios de escandalizado patriotismo lo que, a fin de cuentas, termina siempre por tensar unas siempre difíciles relaciones de convivencia que, al margen de extremismos de allá y de acá, dada la inexorable condición de vecindad, es preciso tratar de conservar en los mejores términos.
