Los matrimonios de adolescentes madres en República Dominicana

Natalia se fugó de su casa, en el interior de República Dominicana, la víspera de su boda. Tenía 16 años y trataba de huir de un matrimonio con un hombre mucho mayor y al que no amaba. Pero su madre le dio caza, la llevó a la iglesia y, mientras le colocaba la tiara, la amenazó: “Si cuando te pregunten que si tú aceptas casarte con él, tú dices que no, yo te mato y me mato yo”.

El recuerdo de los golpes que le había propinado su madre en otras ocasiones para impedirle que dejara a su novio dotaba a la amenaza de muerte de una credibilidad incontestable.

Así que la joven no tuvo más remedio que acatar la orden materna y comenzar una vida en común con un hombre por el que no sentía ningún afecto y con el que, al cabo de 15 años de relación, ya ha procreado cuatro hijos.

El día de su boda, Natalia -nombre ficticio- pudo constatar que no estaba sola. Le rodeaban sus primas, todas ellas adolescentes casadas o con novios formales. Una imagen que ilustra una dura realidad para las niñas en República Dominicana: uno de los países con mayor número de matrimonios infantiles del mundo.

Al menos una de cada cinco dominicanas termina casada o en uniones informales siendo menor de edad, y en muchas ocasiones, con hombres que les doblan la edad.

El matrimonio infantil está legalizado a partir de los 15 años para las niñas y, en estos momentos, tramitan dos iniciativas que tratan de prohibirlo, una por la vía judicial y otra por la legislativa, pero las estadísticas muestran que el problema está tan profundamente arraigado que escapa a los límites de la ley.

De hecho, en el 12 por ciento de las bodas o uniones que se registran en el país la novia tiene menos de 15 años, una cifra que duplica la media de América Latina (5 por ciento), según datos de Unicef.

Los motivos que explican tal cantidad de matrimonios infantiles forzosos son varios, explica a Efe la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez: el hecho de que esta práctica sigue siendo legal, políticas públicas “que han fallado”, además de “un problema cultural” y “un problema de machismo”.

También inciden otros factores, como la expectativa de salir de la pobreza, la violencia intrafamiliar, la hipersexualización de las niñas o la religión.

Este último fue el caso de Natalia: su madre no concebía que su hija pudiera tener más de una pareja en la vida. La presión de la madre continuó incluso después de la boda, obligando a su hija a satisfacer el apetito sexual de su marido contra su voluntad.

“Cuando yo tenía que tener relaciones con él, con alguien que yo no amo, que yo no amaba, que ya era obligatorio, muchas veces él me decía cuando yo no quería: voy a hablar con tu mamá. Y como mi mamá es fuerte, yo le tengo miedo, tiene un carácter fuerte, yo accedía. No había de otra”, dice con resignación.

Ahora, Natalia asegura que se ha “acostumbrado” y que aguanta con su marido por el sentido de “responsabilidad”, para criar a los cuatro hijos que tienen en común.

A los 16 años, Yorllina Cuevas conoció a su futuro marido, entonces de 28 años, mientras lavaba ropa en un canal en La Lista, una aldea en la provincia de Barahona (suroeste), una de las zonas más pobres del país y con tasas más elevadas de bodas infantiles.

Él se sorprendió por los moretones en el rostro y en el torso de Yorllina, causados por las constantes palizas que le daba su padre. Ella vio en aquel hombre una escapatoria.

“Era como buscar una protección, mi padre nos maltrataba mucho a mí y a mi madre. Era buscar un refugio, no porque pensaba que yo estaba preparada para un hogar o una familia”, argumenta.

Pocos meses después, ya casados, se mudaron a la capital. Yorllina enseguida se quedó embarazada y descubrió entonces el carácter de su marido, un hombre controlador que no la dejaba salir con amigas, ni elegir su ropa.

“Fue bien difícil para mí. Y con una barriga bastante grande y primera vez que estaba embarazada y sin nadie alrededor de mi familia. Yo me sentía como que si vivía como un secuestro, pero conociendo al secuestrador”.

El estrés de la relación, asevera, le llegó a provocar un aborto.

En una huida hacia adelante, con 21 años, Yorllina dejó a aquel hombre y conoció al padre de su segundo hijo, que le sacaba 20 años de edad. Pero debido a presiones paternas, la relación acabó.

Años después conoció a un hombre de su misma edad con el que congenió y tuvo un tercer hijo, pero la relación tampoco fructificó por las infidelidades de él.

Ahora vive sola con sus tres hijos en una casa de ladrillo de cemento desnudo y techo de zinc, frente a una calle de tierra en su pueblo natal.

Una de las consecuencias más palpables de las uniones tempranas son los embarazos adolescentes, que acarrean mayores riesgos tanto para la madre como para el feto.

El 19,1 por ciento de las adolescentes dominicanas de hasta 19 años ha estado embarazada alguna vez, según los datos de la encuesta oficial Enhogar, divulgada en septiembre pasado por el Gobierno.

Tres de cada cuatro embarazos adolescentes en el país son consecuencia de una unión temprana.

Con apenas 15 años, Maiky Adames quedó embarazada de gemelos, pero perdió a uno de los dos durante la cesárea que le hicieron antes de llegar a los ocho meses de gestación, una intervención que a ella casi le cuesta la vida.

“El niño duró 17 días en la incubadora. Se moría, revivía…”, recuerda Maiky. Tras múltiples hospitalizaciones, su hijo salió adelante. A los 13 años, le han quedado como secuelas la dificultad para hablar y un 75 por ciento de sordera. “Ha sido un proceso muy difícil que no todas las jóvenes lo aguantarían”, advierte.

Otra de las consecuencias más evidentes es la pobreza. La necesidad de criar a los hijos y de darles sustento, en muchas ocasiones sin un marido al lado, aboca a muchas de estas mujeres a la miseria.

“Significa la falta de oportunidades para quienes están involucrados. Y significa también posiblemente su condena a la pobreza, a la pobreza extrema y a la condición de vulnerable. Dejan los estudios y generalmente pasan por situaciones sumamente difíciles’” dice la ministra de la Mujer.

Maiky -y sus tres hijos- tiene que compartir techo con su madre, su hermano y la mujer de éste en una pequeña casa en las afueras de San Juan de la Maguana, una ciudad agrícola en el oeste del país.

Hace tiempo que no recibe la pensión alimenticia por parte de su primer novio. “Al principio sí, se hizo responsable, pero luego fue cambiando. Tuvo muchos más hijos y se fue olvidando de los más grandes”, apostilla.

La directora de la ONG Plan Internacional en República Dominicana, Virginia Saiz, explica que “en la mayoría de los casos”, las relaciones ni siquiera perduran en el tiempo. “No son historias de amor románticas que triunfan”.

“Que una niña menor de 18 años se case, sea madre, implica en la mayoría de los casos que su futuro potencial de tener un trabajo, de estudiar, se queda ahí. En la mayoría de estos casos, son niñas que no culminan la educación básica y que por tanto no van a poder acceder a ningún tipo de empleo profesional”, elabora.

En una situación parecida se deparó Jeidy Dotel. La relación con su pareja terminó cuando ella acababa de cumplir los 17 años y su bebé tenía apenas “seis o siete meses”. A partir de ahí, tuvo que dejar sus estudios en segundo plano para sacar adelante a la criatura.

“Tuve que renunciar a mis estudios durante dos años, tuve que terminar el bachillerato prácticamente informal, yendo una sola vez a la semana (…) Luego ingresé a la universidad, me retiré de la universidad, luego volví e hice un reingreso…”, relata.

Años más tarde, casada de nuevo, acaba de colgar su flamante diploma de Magisterio Infantil en la sala de estar, junto a un abecedario y una tabla de multiplicar, de las que se sirve para educar a sus niños mientras las escuelas están cerradas por la pandemia.

Por ese mismo motivo, el COVID-19, Jeidy no ha podido comenzar a ejercer de profesora y sigue trabajando con su marido en una minitienda de comestibles que ocupa la fachada de su humilde casa de madera, situada en Las Maguanas, un poblado en la zona rural de la provincia de San Juan (oeste).

Al igual que Jeidy, Natalia, Yorllina y Maiky interrumpieron sus estudios a consecuencia de sus relaciones, seguidas de rápidos embarazos. Tres de las cuatro han transitado por empleos con los que mal les da para subsistir.

Tras abandonar la idea de estudiar enfermería, Maiky pasó de un trabajo a otro, hasta que hizo un curso de belleza y ahora se dedica a arreglar el pelo a las clientas en su propia casa.

Yorllina llegó a empezar la licenciatura de enfermería, pero la abandonó cuando regresó a su pueblo natal para separarse de su primer marido. Hoy en día mantiene a sus tres hijos con el salario que gana en una banca de lotería, que ronda los 6,000 pesos (unos 103 dólares).

Natalia proyectaba en su imaginación que sería madre después de ser profesional. Pero al tener un hijo tras otro, tardó cinco años en terminar el último curso de secundaria. Además de sacrificar sus estudios, puntualiza, también tuvo que renunciar a su juventud.

“Tuve que renunciar a mi adolescencia, a salir con mis amistades, a hacer lo que yo quería, a desarrollarme como adolescente, a experimentar cosas. Yo no he vivido (…) esa oportunidad me la arrebataron de las manos”, lamenta.

La polémica ley que permite casar niñas desde los 15 años figura en el Código Civil de 1884, un texto decimonónico que aún está en vigor y que, a juicio de la ministra de la Mujer es “una vergüenza para el país”.

Más reciente (1997), pero no menos polémico, es el artículo del Código Penal que exime de la cárcel al hombre que extraiga de casa o deje embarazada a una menor en el caso de que se case con ella.

Actualmente, el Tribunal Constitucional está estudiando un recurso de inconstitucionalidad que aspira a vetar esas dos disposiciones legales.

La sentencia será dictada como pronto a partir de finales de noviembre, pero si no hay unanimidad, las deliberaciones se pueden dilatar más tiempo.

Otra vía legal que podría resultar en la prohibición de los matrimonios infantiles es un proyecto de ley que previsiblemente será votado y aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, antes de pasar al Senado.

“Hay consenso mayoritario en la sociedad de que el matrimonio infantil tiene que ser erradicado de nuestro Código Civil”, dice la ministra Jiménez, confiando en que la iniciativa contará con un apoyo mayoritario en el Parlamento.

Sin embargo, advierte de que “esa es una parte” del problema; la otra, de mayor calado, es trabajar para erradicar las uniones a temprana edad, que suponen un mayor número y en muchos casos están fuera de la ley.

Las cifras más alarmantes se dan entre la población del quintil más pobre, en el cual el 59 por ciento de las niñas y adolescentes se casa o se une antes de los 18 años y el 23 por ciento antes de los 15.

La representante de Unicef en el país, Rosa Encarte, coincide en el análisis: “la modificación de la legislación es un paso fundamental, pero no suficiente”.

“El matrimonio infantil y la unión temprana no son percibidos en las comunidades, sobre todo en las más pobres, como un problema grave”, advierte.

Que la legislación no haya avanzado para proteger a las menores no es una sorpresa, ya que las relaciones con menores están tan normalizadas en el país, que se han dado casos entre los propios parlamentarios.

El caso reciente más sonado es el del exdiputado y exsenador Bernardo Alemán, actualmente de 64 años y quien ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia por denuncias de violación por parte de dos menores edad con las que supuestamente mantuvo relaciones durante meses.

El caso de Alemán lleva dos años en la Suprema sin ser juzgado y ahora podría pasar a la jurisdicción convencional, dado que perdió el escaño de diputado en agosto pasado.

Alemán ha rechazado hablar con Efe para este reportaje.

Otro de los casos más sonoros fue el del diputado Ramón “Papo” Fernández, que pasó seis meses en prisión en 2013 por haber sustraído de su casa a una niña de 13 años de edad, con la que mantuvo relaciones sexuales durante seis meses.

Papo Fernández, sin embargo, se libró de ser juzgado por el delito de violación, castigado con penas de 10 a 15 años de cárcel, a pesar de que la Suprema consideró probadas las relaciones sexuales. Tras cumplir su condena, regresó a la Cámara baja recuperando su título de honorable diputado.

diariolibre.com

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