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Del 2009 al día de hoy 9 políticos han sido acusados de violar sexualmente a menores de edad
SANTO DOMINGO. La violencia de género es una violación grave de los derechos humanos, y según la organización de las Naciones Unidas (ONU), repercute negativamente en mujeres y niñas, dejando consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales. Y los políticos lo saben.
Sin embargo, son múltiples los casos que han escandalizado a la opinión pública nacional de políticos que han sido sometidos a la justicia bajo la acusación de haber violado a una menor o por presuntamente haber golpeado, maltratado o acosado sexualmente a una mujer.
De 2009 hasta la fecha, la prensa se ha hecho eco de por lo menos nueve casos que involucran a funcionarios, entre diputados, embajadores, viceministros y alcaldes tanto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El caso más reciente es el del exembajador Donni Santana Cuevas. Este exfuncionario que pertenece al partido de gobierno fue destituido y sometido a la justicia ordinaria por la supuesta violación de una menor que ahora tiene 14 años. Santana Cuevas está detenido en una celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a espera de que el próximo lunes le conozcan medida de coerción. La víctima, según ha trascendido, es su hijastra.
En ese caso la fiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Reynoso, advirtió “que todo el que quiera obstruir las investigaciones de este caso, sea quien sea, será imputado”.
Funcionario de Interior y Policía
En septiembre del año pasado, la Unidad Contra Violencia de Género de Santiago de los Caballeros apresó a Juan Arístides Rodríguez, entonces director de la Unidad contra Fuegos Artificiales del Ministerio de Interior y Policía, señalado como responsable de violación sexual en contra de una niña de 13 años de edad.
En la audiencia de medida de coerción salió a relucir que, supuestamente, no era la primera vez que el funcionario de 51 años y militante del PLD incurría en ese delito, ya que dos hijas de este con edades de 22 y 30 años también denunciaron haber sido abusadas por él. Arístides Rodríguez está preso bajo medida de coerción de un año.
Francisco Fernández, quien fue alcalde Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), también fue sometido en 2014. En su caso, una mujer identificada como Wendy Mena puso una querella en contra del entonces alcalde y denunció que supuestamente este la habría golpeado y amenazó con matarla si lo denunciaba.
Pero la lista continúa. Aunque los congresistas son los que crean las leyes, en muchos casos son los primeros que la violan. Por ejemplo, en 2012 el diputado del PRD, Ramón Antonio Fernández, fue sentenciado a seis meses de prisión en Najayo, luego de ser hallado culpable por la Suprema Corte de Justicia de haber sustraído a una menor de 14 años de edad en la provincia Santiago Rodríguez.
Esa acción está penalizada por las leyes, pero a pesar de la condena, el legislador alegaba que no es violador. Después de cumplir la pena, el Congreso Nacional ordenó su reingreso para continuar con sus “derechos y deberes legislativos”.
En 2012 también fue sometido a la justicia el entonces senador por la provincia Montecristi, Heinz Vieluf. El funcionario estuvo enjuiciado en varias ocasiones por querellas de la madre de algunos de sus hijos, quien lo acusó de violencia de género y demandaba manutención.
Tres casos solo en 2011; entre ellos dos viceministros
Solo en el año 2011 salieron a la luz pública los casos de tres políticos que se enfrentaron a la justicia por acusaciones de violaciones y violencia de género. En diciembre de ese año, el Poder Ejecutivo destituyó al entonces viceministro de Industria y Comercio, José Acevedo Trinidad, quien fue enviado a prisión debido a que su esposa Arianny Lara Hernández, lo acusó de golpearla a ella y a una niña de ambos, así como de someterla a maltratos físicos y psicológicos.
Otro que se vio envuelto en un escándalo por supuesto acoso sexual en 2011 fue el entonces viceministro de Turismo y dirigente del PLD, Pedro Rojas Morillo. La empleada Fior Daliza Mejía acusó al funcionario de quererla obligar a tener relaciones sexuales y amenazó con cancelarla si no lo permitía. El escándalo hizo que el funcionario renunciara del cargo.
En 2011 también el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, puso en libertad bajo fianza al dirigente perredeísta Tonty Rutinel, quien estuvo tres días en una celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por supuestamente haber golpeado a la madre de uno de sus hijos.
En 2009 Julio Romero, quien fuera diputado por el PRD, también se vio envuelto en un escándalo cuando el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega revelara que sedujo a una adolescente de 16 años y procreó un niño con esta.
