Por: Rosario Espinal
Repito por enésima vez: lo que procede es aprobar una nueva Ley Electoral antes que la Ley de Partidos. Aprobar cualquiera de estas dos leyes es difícil por los intereses partidarios envueltos, e intentar aprobar ambas conjuntamente es aún más difícil.
En cualquiera de estas leyes, cada disposición genera ganadores y perdedores, y nadie quiere perder. Por eso, los políticos dominicanos tienen casi dos décadas boicoteando la aprobación de estas leyes, aunque digan lo contrario; aunque proclamen que su aprobación es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
El financiamiento es el principal obstáculo. Ningún partido quiere tener que reportar quién le donó (con nombre, apellido y cédula) ni cuánto. Eso tampoco lo quieren los donantes. Y sin transparencia en el financiamiento privado, esas leyes serán de limitada utilidad. De todas maneras, hay que aprobar una Ley Electoral mínimamente aceptable.
La decisión del Comité Político del PLD de no tomar una decisión sobre el sistema de primarias y enviar la discusión de ambas leyes al Congreso, demuestra que la máxima dirigencia del partido ha rehuido su aclamada función. Cierto, es el Congreso que debe decidir, pero el PLD siempre se ha vanagloriado de tomar decisiones importantes en su cúpula y enviar directrices a sus legisladores para que actúen acorde con el centralismo democrático. Ahora no.
Devuelto al Congreso para que los legisladores debatan, augura que difícilmente se aprobarán estas leyes. Pero volver a unas elecciones en el 2020 con una Ley Electoral de 1997, que no está acorde con la Constitución de 2010, es una irresponsabilidad política del partido mayoritario en el Congreso.
Los principios generales que deben guiar la reforma de la Ley Electoral, y también, de una nueva Ley de Partidos eventualmente, son los siguientes, según argumenté en un artículo que publiqué el año pasado: la participación, la representación y la gobernabilidad.
La participación se refiere a la incorporación de la ciudadanía al proceso político. La representación al sistema mediante el cual los votos se convierten en escaños y se crean mecanismos de toma de decisión (es a través de la representación que unos pocos adquieren legitimidad para gobernar a muchos). La gobernabilidad a la capacidad de ejecutoria y a la legitimidad de la gestión gubernamental. Ninguna disposición electoral logra simultáneamente un balance perfecto entre participación, representación y gobernabilidad.
La funcionalidad de una reforma electoral debe evaluarse en función de sus méritos intrínsecos, pero también, de las características y posibilidades del sistema político en el que se aplicará. No hay una fórmula exclusiva ni remedio perfecto. La democracia puede existir en una diversidad de situaciones políticas siempre y cuando se mantengan como referentes, y con un balance aceptable, los tres principios enunciados.
El sistema electoral debe ser confiable y efectivo. Que sea confiable depende en gran medida de la calidad de los mecanismos de registro, votación y conteo, y de la disposición de las élites partidarias de cumplir con las reglas de juego establecidas. Que sea efectivo depende de la agilidad de los mecanismos electorales y la facilidad con que los electores los entienden, aceptan y participan.
La reforma electoral tiene que aumentar la credibilidad del sistema electoral, de su administración, y de los gobernantes que serán electos mediante el voto.
Los partidos deben evitar nuevas reformas electorales para satisfacer simplemente intereses partidarios. Tampoco deben seguir posponiéndolas por irresponsabilidad colectiva. Es tiempo ya de darle un marco legal aceptable a las elecciones.
¿Está el Congreso Dominicano en disposición de hacerlo, y bien? En sus manos está el reto.
