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Imponen cuatro medidas de coerción acusado amenazar al Presidente
El juez Wilton Oniel Peguero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, impuso cuatro medidas de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por el Ministerio Público por presuntamente amenazar al presidente Luis Abinader y planificar un supuesto atentado terrorista en su contra.
Las medidas consisten en una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica cada 15 días ante el Ministerio Público, impedimento de salida y la obligación de permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante los seis meses de vigencia de las disposiciones judiciales.
La decisión fue adoptada pese a que el fiscal litigante Engels Luis Polanco había solicitado prisión preventiva contra el imputado, a quien el órgano acusador vincula con una investigación por presuntas amenazas contra el mandatario y planificación de actos terroristas.
De la Cruz Sosa fue arrestado mediante una orden judicial durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, donde reside.
Como parte de las investigaciones, las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo municipio, establecimiento donde trabaja el investigado.
Según el Ministerio Público, organismos de inteligencia detectaron y alertaron sobre las presuntas intenciones del hombre, lo que dio lugar a las diligencias investigativas que culminaron con su arresto.
Durante los operativos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas, que están siendo sometidos a evaluación para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.
La solicitud de allanamiento establecía que los fiscales procuraban localizar teléfonos celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y otros elementos que pudieran guardar relación con las presuntas amenazas.
La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
De acuerdo con los documentos judiciales, el supuesto atentado contra el presidente Luis Abinader habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
La jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, autorizó los allanamientos tras evaluar una solicitud del Ministerio Público fechada el 16 de octubre de 2026, relacionada con la presunta planificación del atentado.
La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.
