Senador Antonio Taveras pide citar a Faride al senado para que explique muertes PN

El legislador sostuvo que combatir la delincuencia debe hacerse con firmeza, pero dentro del marco del Estado de derecho, al considerar que la expresión “intercambio de disparos” no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente la muerte de una persona.

“Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo”, expresó Taveras, quien señaló que la fuerza letal solo debe utilizarse cuando exista una amenaza inminente contra la vida y resulte estrictamente inevitable para protegerla.

El senador recordó los casos de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, esposos evangélicos que murieron abatidos por agentes policiales el 30 de marzo de 2021, cuando regresaban de una actividad religiosa en Villa Altagracia.

También mencionó el caso de La Barranquita, en Santiago, donde cinco hombres murieron durante una intervención policial en septiembre de 2025.

Estadísticas bajo cuestionamiento

De acuerdo con los boletines de seguridad ciudadana citados en la propuesta, durante 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como “intervención legal” de agentes del orden, equivalentes a casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados ese año.

En el primer semestre de 2026, la cifra alcanzó 144 muertes, correspondientes al 23 % de los 625 homicidios registrados durante ese período.

Taveras considera que estos datos ameritan explicaciones de las autoridades sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y los mecanismos utilizados para determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a la ley.

Pide detalles sobre las investigaciones

La propuesta busca que las autoridades expliquen cómo se verifica la versión de los agentes involucrados, qué investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos y cuáles resultados se han obtenido en estos casos.

Asimismo, solicita información sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos establecidos para evitar que las operaciones de captura y detención terminen innecesariamente con la pérdida de vidas humanas.

La resolución plantea que tener antecedentes delictivos, estar bajo investigación o ser objeto de una orden de arresto no constituye, por sí solo, una justificación para utilizar fuerza letal.

Aunque reconoce que las estadísticas no demuestran por sí mismas la existencia de un uso sistemático y desproporcionado de la fuerza, el legislador considera que las cifras obligan a las autoridades a ofrecer explicaciones y garantizar investigaciones objetivas sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.