Con autorizaciones médicas fraudulentas se desfalcó al Estado con 41 millones

SANTO DOMINGO.- El entramado —integrado por empleados de la aseguradora estatal, familiares, allegados y profesionales de la salud— habría operado entre enero de 2021 y febrero de 2025. El esquema alcanzó niveles insólitos de falsificación, al punto de que, según el expediente, se llegaron a facturar consultas y procedimientos ginecológicos a nombre de hombres para sustraer fondos públicos.

Filtración de datos y suplantación de identidades

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, empleados de SeNaSa se habrían valido de sus privilegios de acceso para rastrear en las bases de datos a afiliados con poco historial de utilización del seguro.

Una vez seleccionados, la estructura presuntamente utilizaba sus datos personales para confeccionar expedientes y formularios con diagnósticos y procedimientos inexistentes, además de falsificar las firmas de los afiliados.

Los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) habrían confirmado la falsificación de algunas de las firmas utilizadas en los documentos incorporados al expediente.

Para completar el proceso de autorización, los operadores también habrían recurrido a la suplantación de identidad. Según la acusación, contactaban el call center de SeNaSa y se identificaban con nombres falsos, entre ellos “Pedro Martínez” y “Ángel Beltré”, con el propósito de gestionar la aprobación de servicios médicos.

Ginecología facturada a hombres

Uno de los elementos que, según el órgano acusador, evidencia la dimensión del esquema es la utilización de los datos de afiliados masculinos para sustentar facturaciones de consultas y procedimientos ginecológicos.

El Ministerio Público sostiene que estas reclamaciones formaban parte de un mecanismo destinado a aparentar que los afiliados habían recibido servicios médicos que en realidad nunca fueron realizados.

La modalidad habría permitido presentar ante SeNaSa reclamaciones respaldadas con documentos, diagnósticos, firmas y códigos de prestadores que daban apariencia de legalidad a procedimientos inexistentes.

Médicos prestaban sus códigos para facturar servicios no realizados

Los profesionales de la salud habrían desempeñado un papel determinante dentro del supuesto entramado.

Según la acusación, algunos médicos habrían permitido utilizar sus códigos como Prestadores de Servicios de Salud (PSS), sellos y firmas para respaldar reclamaciones correspondientes a consultas, diagnósticos y procedimientos que no habían realizado.

Con esos registros, la estructura habría podido presentar las solicitudes ante SeNaSa y obtener el pago de servicios que, según el Ministerio Público, nunca fueron prestados.

La acusación señala que esta participación permitía cerrar el circuito del fraude: los datos de los afiliados eran utilizados para crear las reclamaciones, mientras que los registros de los profesionales de la salud aportaban el respaldo necesario para tramitar los pagos.

El dinero regresaba a la estructura

El supuesto esquema no terminaba con la aprobación de las reclamaciones.

El Ministerio Público sostiene que, una vez SeNaSa desembolsaba los recursos, algunos de los profesionales involucrados retornaban entre el 40 % y el 60 % del dinero recibido a integrantes de la estructura.

La acusación indica que esos recursos eran entregados mediante transferencias bancarias o en efectivo y que, en determinados casos, las operaciones eran presentadas como supuestos “pagos de san” o préstamos personales, con el propósito de ocultar el origen del dinero.

Para el órgano persecutor, esta modalidad habría servido para distribuir entre los integrantes de la estructura parte de los fondos obtenidos mediante las reclamaciones que considera fraudulentas y dificultar el rastreo de los recursos.

Empleados de SeNaSa en el centro de la operación

El expediente señala a varios empleados de SeNaSa como piezas importantes para acceder a información de los afiliados, validar autorizaciones y facilitar las operaciones desde el interior de la institución.

Entre los imputados figura Angeury Guzmán Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye la realización de llamadas al call center utilizando identidades falsas para gestionar autorizaciones relacionadas con servicios inexistentes.

También está Heidy Coronado Paulino, auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas, a quien la acusación atribuye la validación y aprobación de reclamaciones fraudulentas y el acceso a información confidencial de afiliados.

Asimismo, el expediente incluye a Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, quien se desempeñaba como supervisor de Servicios a Usuarios. Según el Ministerio Público, habría facilitado las operaciones de la estructura desde su posición y posteriormente habría participado en acciones dirigidas a obstaculizar la investigación.

El expediente también describe movimientos de dinero que, según los investigadores, estarían vinculados con integrantes de la estructura y que son utilizados como elementos para sustentar las imputaciones formuladas contra los acusados.

Más de RD$41 millones bajo investigación

El Ministerio Público cuantifica de manera preliminar en RD$41,125,551.02 el perjuicio económico atribuido al supuesto esquema, relacionado con más de 4,363 autorizaciones médicas fraudulentas tramitadas durante el período investigado.

La investigación sostiene que la estructura habría aprovechado información interna, datos personales de afiliados, documentos falsificados y registros de prestadores de servicios de salud para generar reclamaciones y obtener recursos de SeNaSa.

Los hechos forman parte de la acusación presentada contra los imputados, quienes deberán responder ante los tribunales por los cargos que les atribuye el órgano persecutor.

Entre los delitos señalados por el Ministerio Público figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, suplantación de identidad, acceso ilícito a bases de datos, cohecho y lavado de activos, de acuerdo con la participación que la acusación atribuye a cada procesado.

La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público con apoyo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y contempla miles de autorizaciones médicas que, según el expediente, habrían sido utilizadas para sustentar reclamaciones fraudulentas contra el seguro estatal.