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Menores de 30 años encabezan la lista de personas desaparecidas en RD
Los adultos jóvenes menores de 30 años representan el colectivo más afectado de las desapariciones no voluntarias, mientras que casi la mitad de los casos se concentra en adultos por debajo de los 40 años. Así lo expuso el Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en la República Dominicana, liderado por la oficina del Defensor del Pueblo.
El estudio recogió las experiencias de 74 representantes de familias de personas desaparecidas a partir de las cuales se analizaron las características de las víctimas, sus condiciones de salud, el impacto económico y emocional de las desapariciones en los familiares, así como la precisión de la respuesta de las instituciones encargadas de atender los casos.
Además de la alta incidencia entre adultos jóvenes, el estudio también evidencia una marcada diferencia por sexo: el 71.6% de las víctimas reportadas como desaparecidas son hombres, frente 28.4% de mujeres.
De acuerdo con la investigación, sugiere que la situación laboral de las víctimas podría influir como un factor que sobre las mismas, dado que, según las encuestas realizadas, al momento de la desaparición, menos de la mitad (44.6%) se encontraba laborando.
En ese sentido, plantea el desempleo y la inactividad como un factor de riesgo en una desaparición al tener en cuenta que, dicha posición podría generar condiciones en las que asumir riesgos como la búsqueda de fuentes de ingreso en la migración irregular o en actividades ilícitas es más probable y sitúa a las personas en entornos inseguros o expuestos a la influencia del crimen.
En cuanto a las condiciones de salud, aunque la mayoría de familiares no reportó padecimientos específicos de sus familiares al momento de la desaparición, el estudio recogió que al menos uno de cada diez desaparecidos padecía deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.
Este hallazgo adquiere mayor relevancia entre las personas de 50 años o más, grupo del que cerca del 30% de las víctimas padece demencia o alzhéimer.
Impacto económico
La desaparición de un ser querido también genera una carga significativa para los hogares. El 30% de las familias declaró que después de la desaparición, la capacidad del hogar para cubrir los gastos básicos empeoró algo, mientras un 32% afirmó que empeoró mucho.
A la problemática de haber perdido al que posiblemente sea el único o principal proveedor del hogar, también suman los gastos extraordinarios relacionados con la búsqueda, entre los que se encuentra el desplazamiento y la colocación de materiales en espacios públicos para visibilizar el caso.
Asimismo, el estudio puso de relieve que al menos una de cada tres familias tuvo que asumir gatos de imprevistos asociados a trámites burocráticos y legales que incluyen la obtención de certificados, asesoría jurídica, así como atención médica especializada.
Consecuencias emocionales
La investigación también pone el ojo sobre las victimas indirectas: los familiares de la persona desaparecida, quienes en su mayoría sufren un impacto psicológico prolongado, marcado por la incertidumbre y la ausencia de un cierre concreto sobre el paradero y/o estado de su ser querido, que conduce además a la experimentación de un duelo ambiguo.
Entre los principales efectos identificados el 66% de las familias reportó sufrir de insomnio, 59% de una sensación fuerte y repetida de intranquilidad, preocupación y miedo, y un 32% de sobrepensamientos intrusivos que dificultan la concentración en tareas diarias.
Respuesta institucional
El estudio cuestionó también las dificultades que enfrentan las familias al momento de activar la búsqueda, y con ello la manera en que las instituciones correspondientes dan respuesta al hecho.
El 53% calificó el proceso para presentar una denuncia como difícil o muy difícil debido a la solicitud requisititos “ excesivos”, rechazos u otros obstáculos.
En el caso más extremo, un 19% de las familias encuestadas afirmó haber experimentado una negativa al registro de la denuncia. No obstante, el 44% valoró el proceso de denuncia como fácil o muy fácil.
El seguimiento de los casos constituye otro de los grandes retos ante esta problemática.
De acuerdo con los datos, en el 21 % de los casos existió una inversión de la carga de la responsabilidad en la que el Estado trasladó el peso del seguimiento a los familiares, un 45 % de las familias experimentaron un bloqueo informativo, mientras que un 30 % recibió información mínima y solo un 5 % de las familias señaló que las autoridades mantuvieron un rol proactivo.
